Este domingo en dos operativos realizados por funcionarios de investigaciones fueron detenidos 11 activistas mapuches en Cañete. Se les acusa del atentado que sufrió recientemente el fiscal Mario Elgueta.
El despliegue policial fue fastuoso. Participaron 130 funcionarios de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), la mayoría de ellos llevados desde Santiago, los que entre las 7 y las 9 horas del domingo detuvieron a 7 activistas mapuches en domicilios de tres comunidades en el sector de Puerto de Choque y Cañete.
Los detenidos son José Huenuche (32 años), Javier Navarro (27), Ramón Llanquileo (27), Luis Menares (31), y los hermanos Norberto (35), César (26) y Juan Parra Leal (31). Juan Parra se encontraba en libertad bajo fianza, debido a que enfrenta en la Segunda Fiscalía Militar de Concepción un proceso por supuesta agresión a Carabineros.
Los otros cuatro imputados son Richard Nuhuel (18), Segundo Ñehuen (43), Carlos Muñoz (24) y Elcides Huiqueman (25), quienes ya estaban detenidos tras ser aprehendidos en las cercanías de un predio de Forestal Mininco en la zona.
La orden provino de la fiscal Hassi y del fiscal adjunto Andrés Cruz, quienes explicaron que hay antecedentes para vincular a los detenidos con el atentado armado que hace seis meses afectó a Mario Elgueta, fiscal con dedicación exclusiva para causas del conflicto mapuche en la región del Biobío.
Elgueta era fiscal adjunto de la ciudad de Coronel antes de ser designado para investigar en la Región del Biobío, y con dedicación exclusiva, los atentados armados e incendiarios relacionados con el conflicto chileno mapuche.
El prefecto inspector Marcos Vásquez, jefe de la VIII Región, dijo que no hubo resistencia al operativo. Los 11 activistas fueron formalizados por la fiscal regional, Ximena Hassi, por homicidio frustrado y “asociación ilícita terrorista”, ello con el supuesto objetivo de “cometer actos criminales en contra de las personas y la propiedad”. Todos deberán permanecer en prisión por nueve meses, mientras dura la investigación. Tras la audiencia fueron recluidos en el penal de Lebu.
La inteligencia policial detectó en 2006 antecedentes que hicieron presumir un ataque en su contra, por lo que el fiscal y su familia cuentan con protección permanente.
La noche del 16 de octubre pasado, Elgueta sufrió una violenta emboscada, resultando con lesiones leves en su mano izquierda por perdigones y en su cabeza por esquirlas de vidrios. Estaba en la zona para dar protección a una familia que había sido amenazada de muerte por ayudar a carabineros. Según precisó la fiscal Hassi, declaraciones de 12 testigos protegidos involucrarían a los 11 detenidos en dicho atentado. Escuchas telefónicas sindicarían además a Héctor Llaitul, máximo líder de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), como autor intelectual del ilícito.
GOBIERNO VALORA ARRESTO
Patricio Rosende, ministro del Interior (s), en conversación con radio Bío Bío destacó la labor de los servicios policiales, “porque hay muchos días de trabajo e investigación para capturar a quienes eventualmente participaron en ese atentado”.
Rosende agregó que “estas acciones de la fiscalía y de la policía demuestran que no hay impunidad… la detención es producto de una investigación. No estamos frente a un procedimiento anormal, obviamente aquí hay muchas horas y muchos días de trabajo de investigación que ha hecho la policía y la fiscalía”.
Consultado si las detenciones involucrarían un recrudecimiento de las movilizaciones mapuches, Rosende fue tajante. “No vemos en esto ningún recrudecimiento del conflicto por (las acciones) de algunas comunidades muy pequeñas o grupos que dicen representar al pueblo mapuche (…) No hay en estos hechos ni escalada de violencia ni que la situación está fuera de control. Muy por el contrario, estas acciones de la fiscalía y la PDI demuestran que en Chile no hay impunidad para nadie”, subrayó.
Además Rosende rechazó el informe presentado por el relator de Naciones Unidas para derechos indígenas, James Anaya, quien acusó un trato discriminatorio en contra los mapuches durante la realización de los operativos policiales en la Araucanía.
Rosende dijo a radio Cooperativa que “desmiento categóricamente que exista un trato discriminatorio respecto del pueblo mapuche en este tipo de operativos”. El subsecretario agregó que todos los operativos que se realizan en la Araucanía responden a órdenes emitidas por el Ministerio público y están regidas por las normas legales vigentes.
RESPUESTA DE LA CAM
En un comunicado público difundido recientemente la Coordinadora Mapuche Arauco Malleco acusa que los procedimientos de detención de los 11 comuneros “fueron extremadamente violentos y abusivos en contra de nuestra gente, y que tuvo como consecuencia la detención de destacados weichafe y comuneros simpatizantes de nuestra organización”.
Además acusan que esta responde a la política represiva del Estado chileno en contra del Pueblo Nación Mapuche y que “el Estado chileno a través del gobierno de turno ha expresado abiertamente su apoyo al empresariado, favoreciendo las inversiones capitalistas en la zona. Así se entiende no sólo el actuar represivo constante en contra de las comunidades movilizadas, sino que estamos en presencia de una mayor intervención en defensa de los intereses de los poderosos, que incluye inéditos y obscuros operativos contrainsurgentes en la zona y la instalación de campamentos militarizados con efectivos de fuerzas especiales de carabineros en predios de las forestales”.
A juicio de la CAM el verdadero objetivo de la política represiva del Estado chileno “es frenar los procesos de recuperación territorial y política llevada adelante por las comunidades en lucha y por la Coordinadora Arauco Malleco pretendiendo así consolidar la arremetida empresarial en las zonas de conflicto, que se expresan en inversiones forestales y mineras en la zona del Lleu Lleu”.
Agregan que las comunidades del sector Choque, Cañete, estaban llevando adelante recuperaciones de tierras en contra de empresas forestales que como Mininco y Volterra tienen usurpadas en la zona, cuestión que se expresaba en actividades productivas como madereo y siembras. De hecho, las detenciones fueron efectuadas en este contexto y al interior de comunidades mapuche movilizadas.
Hace unos años el empresario farandulero Leonardo Farkas realizó exploraciones mineras en el lago Lleu Lleu.
Azkintuwe
El Ciudadano