Represión contra los trabajadores
HUELGA EN MINERA COLLAHUASI: HABRÍAN DISPARADO A MATAR
·Se consolida criminalización de lucha social
Con violencia y a 4.400 metros de altitud aterrizó un avión Hércules de la FACH, con más de 10 carros policiales y, por lo menos, 300 efectivos para ahogar la huelga de los trabajadores contratistas de la Minera de Collahuasi. Según un trabajador que salió al aire el 12 de mayo en Radio Bío Bío, los policías habrían “disparado a matar” contra varios centenares de trabajadores que ocupaban la ruta. Hasta ahora, hay confirmados tres heridos.
Un conjunto de sindicatos de trabajadores tercerizados que representan a 4 mil personas levantó un pliego de peticiones incontestado por la empresa, propiedad de las multinacionales Xstrata plc (44%), Anglo American (44%), y un consorcio japonés (12%) compuesto por Japan Collahuasi Resources BV, Mitsui & Co. Ltd., Nippon Mining & Metals Co. Ltd. y Mitsui Mining & Smelting Co. Ltd. La empresa operadora es la Compañía. Minera Doña Inés de Collahuasi.
La Minera Collahuasi se ubica a menos de 200 kilómetros de Iquique y a 1.800 de Santiago. Produce el 3 % del metal rojo que oferta la industria del cobre en Chile a todo el planeta.
LAS PETICIONES
Los mineros cupríferos demandaban diálogo con la gerencia para mejorar las condiciones del campamento donde alojan por graves problemas de hacinamiento, entre otras deficiencias. Asimismo, los trabajadores reivindicaban un bono de 1 millón 500 mil pesos proveniente de las ingentes utilidades de la mina (alrededor de 800 mil millones de pesos anuales o 1. 500 millones de dólares); equidad en temas de alimentación y atención de salud en la faena respecto de los mineros contratados directamente por la empresa; y la aplicación de la parte de la ley laboral correspondiente a trabajo pesado. Es decir, sólo demandas de este mundo.
LA MOVILIZACIÓN
Con el objetivo de presionar por sus exigencias, los mineros en huelga, ya rotas las conversaciones por las negativas de la gerencia, bloquearon las rutas de acceso a la mina. Sin embargo, la respuesta de los intereses empresariales contra los trabajadores se tradujo en un represivo operativo militar y policial, dejando una vez más al descubierto la verdadera naturaleza del Estado y el gobierno de turno.
LA ESTRATEGIA REPRESIVA DEL ESTADO
Como si no bastara con la violencia armada impuesta contra la movilización minera, la empresa presentó una querella por “daños y secuestro”. Del otro lado, los trabajadores realizarán una acusación contra el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, “por violaciones a tratados internacionales.”
De acuerdo a fuentes que solicitaron mantener su anonimato ante posibles represalias, “la Minera Collahuasi paga medios de comunicación en la zona; paga instituciones; paga candidaturas.” Ello explicaría la opaca, arbitraria y parcial información en relación al conflicto sindical.
En este sentido, pero de manera ampliada, esta vez fuentes de La Moneda, explicaron la nueva estrategia gubernamental para contener manifestaciones sociales y asfixiar conflictos rápidamente. El plan habría debutado “en el Día del Combatiente, el 9 de marzo (Día de la Mujer), lo que se repitió el 1° de mayo y en el conflicto de la mina Collahuasi”.
La estrategia es sencilla y antigua. Fuertes medidas “precautorias” como llenar de fuerzas especiales de carabineros y gases lacrimógenos los escenarios de concentración; intimidar por número y presencia; y efectuar allanamientos a discreción. Los objetivos y procedimientos están ligados a la criminalización de la protesta y organización social; el establecimiento de un Estado policíaco; y la defensa a ultranza de los intereses de los grandes capitales en desmedro de la vida de los asalariados.
De todos modos, el “nuevo” plan ya habría sido inaugurado antes de la llegada de Piñera, con la militarización e imposición del toque de queda en las regiones siniestradas por el terremoto-maremoto del 27 de febrero. También es posible advertir el mismo estilo –empleado durante los gobiernos de la Concertación- contra líderes del pueblo mapuche. De hecho, el pasado jueves 13 de mayo en Temuco, fue allanada la casa de Waikilaf Cadin Calfunao donde se aloja Alejandro Stuart, poeta, fotógrafo y miembro de la Asociación de Reporteros Independientes. Waikilaf ya había sido detenido, junto a otras 16 personas, en una marcha por la libertad de lo presos políticos mapuche.
Andrés Figueroa Cornejo
La represión por sospecha en Chile
1. La delincuencia en Chile, al igual que en el resto del planeta, es resultado esencialmente de la miseria y la ignorancia. Salvo insignificantes porcentajes de patologías asociadas a comportamientos criminales, en cualquiera de sus formas, son las precarias condiciones materiales y culturales las que subyacen al fenómeno delincuencial. Al mismo tiempo, el fetiche de la mercancía, lejos ya de su condición puramente instrumental para la vida, y convertido en un fin en sí mismo, es reificación objetiva de la mercancía alentada obligatoriamente por el capital para la reproducción de sus relaciones sociales donde el hombre es un mero agente productivo o de consumo; asalariado, cliente y sujeto de deuda. Y la condensación de la mercancía, o la mercancía de las mercancías, es el dinero. Esa demanda del capital –que se sostiene sobre la contradicción incontrarrestable que contiene la apropiación privada de la riqueza socialmente producida- es fomentada de manera totalizante y multidimensional a través de la incesante y ampliada construcción simbólica de las instituciones que mantienen el capitalismo y los medios de comunicación, en particular. Es decir, el innegable fenómeno de la delincuencia, también es provocado por el Estado y la clase que domina cuando convierte la mercancía en objeto de deseo, materia de satisfacción alienada, felicidad momentánea que compensa la realidad concreta de la mala vida, las relaciones de injusticia y desigualdad que gobiernan el movimiento del capital y sus expresiones en la cotidianidad de las grandes mayorías.
Por supuesto, la delincuencia amplificada, y la edificación del sentido común de habitar en medio de la delincuencia, son ámbitos nucleares del programa de la burguesía y sus partidos políticos. Al respecto, tanto en Chile como en casi todo el planeta, la delincuencia significa cualquier forma de perturbación del orden de las cosas. Delincuencia es cantar en la calle a todo pulmón; sustraer alimentos de un supermercado; ser joven y vestir y conducirse como tal; hacer una huelga; defender territorios originarios usurpados; cuestionar, incluso moderadamente, la propiedad privada; marchar por la calle por derechos sociales y contra abusos de toda índole; o vivir en una casa abandonada.
2. Los gobiernos de la Concertación dieron trágicas pruebas del empleo policial para reprimir al movimiento de trabajadores, al pueblo mapuche y al mundo poblador. Asesinatos de trabajadores en huelga (como Rodrigo Cisterna); de comuneros mapuche (Jaime Mendoza Collio, Alex Lemún Saavedra, Matias Catrileo Quezada y Juan Collihuin Catril, entre otros); y jóvenes estudiantes y pobladores (como Claudia López), fueron hechos que conmovieron a la opinión pública y permanecen en la memoria profunda de los siempre castigados. Los operativos policiales, con renovado arsenal, realizaron allanamientos a discreción en casas okupa, comunidades mapuche, sindicatos, domicilios particulares; y reprimieron con nuevas tecnologías (el ex sub secretario del Interior, Felipe Harboe, el 11 de septiembre de 2008 estrenó un carro policial que emite ondas de ultrasonido para disolver la protesta social en Lo Hermida), y nuevos formatos paramilitares. El actual paradigma policíaco-militar post dictadura, se originó en los gobiernos de la Concertación. Tras el terremoto-maremoto del 27 de febrero, fue el gobierno de Michelle Bachelet quien dispuso el toque de queda y la militarización en las regiones del Maule y el Bío-Bío, epicentros de la tragedia, con fines de resguardar la gran propiedad privada. En términos de disciplinamiento jurídico antisocial, basta contar los más de 50 presos políticos mapuche, encarcelados en el marco de la lucha por la recuperación de sus tierras.
3. Por eso, la nota aparecida en un matutino chileno donde se afirma que según fuentes de La Moneda –ahora tutelada por Piñera- estaría en curso una “nueva estrategia” gubernamental para contener manifestaciones sociales y asfixiar conflictos rápidamente, no es del todo reciente y menos novedoso. El plan habría debutado “en el Día del Combatiente (29 de marzo), el 9 de marzo (Día de la Mujer ), lo que se repitió el 1° de mayo y en el conflicto de la mina Collahuasi”. Las características esenciales del “nuevo” plan de represión por sospecha, es la combinación de la policía con fuerzas militares a la hora de contener eventuales o reales incidentes propiciados por el movimiento social en su madrugada. Al parecer, la idea es abarrotar de uniformados los escenarios de concentración de trabajadores y pueblo; emplear “precautoriamente” –antes de que nada ocurra- gases lacrimógenos y detenciones arbitrarias. La intimidación busca amedrentar “por presencia”, por un lado, e incertidumbre popular, por otro. El último Primero de Mayo, locales sindicales y políticos fueron cercados y allanados, y alrededor de 150 personas fueron arrestadas antes de llegar siquiera a la marcha histórica de los asalariados, y sin más motivo que el criterio gratuito de fuerzas especiales de carabineros. De hecho, los aprehendidos fueron liberados horas después, sin cargo alguno. En la huelga de los mineros contratistas de Collahuasi (minera todopoderosa del norte grande que produce el 3,3 % del cobre mundial), los trabajadores sufrieron la represión a través de el arribo, en un avión Hércules, de más de 300 efectivos policiales, el 12 de mayo y a más de 4 mil metros de altura. En Calama, ocurrió otro tanto, al día siguiente. El objetivo, en estos últimos casos, es volver irrepetible la gran movilización de los contratistas cupríferos de 2007 que abrió un nuevo ciclo de lucha de los trabajadores tercerizados. Por ello, el presidente del Consejo Minero (gremio patronal de la industria del cobre) afirmó al respecto que “Valoramos y agradecemos que el gobierno haya ejercido su rol, tomando las medidas correspondientes, para exigir que se respete la legalidad vigente”.
La estrategia es sencilla y antigua. Primero represión por sospecha; y luego palo y duro contra los trabajadores y el pueblo; criminalización de la protesta y organización social; establecimiento de un Estado policíaco y militarizado; y defensa a ultranza de los intereses de los grandes capitales en desmedro de la vida de la gente.
Sin embargo, el capital y su gobierno de turno, no deben olvidar que en las peores condiciones de represión política, durante la década de los 80, amplias franjas de pueblo destruyeron el miedo e hicieron frente con creatividad de gigantes la peor dictadura militar de la historia de Chile. Y que Pinochet también trataba de delincuentes a sus opositores.
Andrés Figueroa Cornejo
Mayo 14 de 2010