El fallo que negó la construcción del complejo termoeléctrico Castilla dejó al descubierto la ilegalidad en la que incurrieron funcionarios públicos para favorecer a la empresa privada. Greenpeace en tanto instó al Gobierno “a avanzar en el término definitivo del uso del carbón en Chile”.
El lunes 15 pasado, la Corte Suprema denegó la autorización a la empresa minera del brasileño Eike Batista para erigir un complejo termoeléctrico a carbón en Castilla, Región de Atacama. El máximo tribunal determinó que el ex representante del Secretario Regional Ministerial de salud (Seremi salud) en la región de Atacama, Raúl Martínez, cometió un acto ilícito cuando cambió la calificación del impacto ambiental del proyecto Castilla, de “contaminante” a “molesta” y destrabó su instalación en la zona.
MOVIMIENTO CIUDADANO: NO A LA TERMOELÉCTRICA CASTILLA
La fuerza de los movimientos ciudadanos apoyados por abogados tiene imagen nítida en las últimas demandas emprendidas contra las grandes empresas privadas. Ejemplo de lo anterior son las movilizaciones por la no construcción de la central termoelétrica en Punta de Choros, Barrancones y ahora,Castilla y el encabezdo por Atacama sin Carbón.
Tras 46 años de residencia en Puchuncaví, Enami y AES Gener, entre otras empresas en funcionamiento en la locacalidad, podrían demostrar que sus faenas industriales van de la mano con el aumento del número de casos de cáncer en la población, el deterioro del suelo que fue alguna vez agrícola y los efectos en la biota marina (Ver informe).
DE “CONTAMINANTE” A “MOLESTO”
Raúl Martínez cambió en julio del presente año la calificación del estudio de impacto ambiental. Para sostener el argumento anterior, aludió errores matemáticos relativos a emisiones de dióxido de nitrógeno (NO2) y la incorrecta aplicación del artículo 94 del Reglamento de Evaluación y de la Ordenanza General de Vivienda, puesto que “se fundó en impactos en lugar no habitable y al encontrarse dentro de la norma no se configura daño permanente y evidente”.
Martínez, el mismo funcionario que autorizó que se reabriera la mina San José, esbozó en la ocasión un comunicado en la web del organismo, donde afirma, “Nadie puede desconocer la prolijidad, objetividad e irrestricto apego a nuestra legislación, en la tramitación del recurso y la posterior Resolución”. El ex titular de la subsecretaría de Salud, señaló además que “reafirmaba su compromiso con el Estado de Derecho y de toda una vida profesional así como el compromiso de velar por el cuidado del medio ambiente y en especial de la salud de la población, dentro de las normas y leyes vigentes”. (Ver comunicado completo)
GREENPEACE: “DEBE SER EL FIN DEL USO DEL CARBÓN COMO MATRIZ ENERGÉTICA”
La ONG internacional Greenpeace, respaldada por estudios académicos que datan del año 2008, manifestó como un anhelo la posibilidad de que la medida resuelta por la Corte Suprema “abra la puerta a la consideración de las propuestas alternativas en esta materia”.
“El fallo de la Corte Suprema ratifica y fortalece el deseo de una gran mayoría de ciudadanos que han expresado no estar dispuestos a aceptar que la energía provenga de fuentes sucias; es hora de comenzar una genuina revolución energética en nuestro país, que fortalezca el liderazgo de Chile en la región y dé señales claras de nuestro compromiso medio ambiental como nación”, expresó en el comunicado de prensaMatías Asún, director de Greenpeace en Chile.
Entre los alcances que para el grupo ecologista podría tener el fallo judicial se encuentra “una nueva señal de que los protocolos ambientales necesitan ser revisados para evitar entramparnos en criterios disímiles que finalmente nos hacen perder el foco de la discusión”. Todo lo anterior, de la mano de tecnologías limpias, renovables y sostenibles, explican.
Por último el organismo internacional enunció: “Esperamos este antecedente facilite el convencimiento para que el Consejo Consultivo de Seguridad Energética y el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad den pasos firmes en el abandono final del uso del carbón, expresó Greenpeace Chile.
COMUNICADO PÚBLICO MPX
MPX, empresa a cargo de la instalación de la Termoeléctrica Castilla declaró que el fallo “no impide la aprobación del Proyecto Castilla por la Corema”. La empresa reconoció que hubo una garantía constitucional afectada, la “igualdad ante la ley”, al haberse omitido la audiencia a interesados en el proceso de invalidación del pronunciamiento cuestionado, y descarta que se pudiera haber afectado el “derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación”.
Entre otros argumentos, MPX sostiene que el proyecto “cumple plena y ampliamente con la normativa medioambiental vigente y estándares internacionales, y que aportará grandes beneficios al país y especialmente a la Región de Atacama”. (Comunicado MPX)
En el portal web Ministerio de Minería no hay información alguna publicada respecto al emblemático veredicto de la Tercera Sala de al Corte Superma.
Por David Abrigo Bilbao
El Ciudadano