Salvemos el Planeta - Por la liberación y resistencia de los Pueblos Originarios

A la memoria de Jaime Facundo Mendoza Collío

DECLARACIÓN PÚBLICA DEL MPT-DECLARACIÓN PÚBLICA DEL MPT- DECLARACIÓN PÚBLICA DEL MPT

EL MOVIMIENTO DE LOS PUEBLOS Y LOS TRABAJADORES – MPT RESPONSABILIZA A GOBIERNO DEL ASESINATO DE JAIME MENDOZA COLLÍO

Repudiamos la acción criminal del gobierno, responsable directo del accionar de Carabineros de Chile, que ha practicado el terrorismo de Estado contra las comunidades y organizaciones del pueblo mapuche.

Pese a las hipócritas declaraciones del Gobierno, los responsables directos de este nuevo crimen no son sólo los uniformados, sino también la casta dirigente de la Moneda, que aplica a sangre y fuego el modelo capitalista de despojo contra los pueblos, dejando al país en el papel de pobre proveedor de riquezas naturales a favor de las grandes empresas. Este modelo no solo no ha repartido equitativamente la riqueza y sus beneficios, sino que ha empobrecido a la sociedad en su conjunto y especialmente a los pueblos y a los trabajadores del campo y la ciudad.

Este gobierno y su sanguinario ministro Edmundo Pérez han actuado a pedido de los usurpadores y de los parlamentarios de la ultraderecha. Este nuevo asesinato de un mapuche demuestra el verdadero carácter del régimen gobernante, servicial a los grandes intereses de los poderosos, y a la vez insensible y represivo ante las necesidades y los derechos de las mayorías de los pueblos.

El gobierno concertacionista se ha cerrado a cualquier camino de diálogo que lleve a un mínimo de reparación de la deuda histórica que ha adquirido el Estado, y ha dejado que los poderes fácticos nacionales y transnacionales se adueñen de tierras y recursos naturales que pertenecen a las comunidades.

Las comunidades han sufrido por largo tiempo la impunidad ante el despojo territorial, ante la eliminación de sus miembros, la discriminación en su contra y ante el saqueo de su patrimonio inmaterial, negando sus derechos a la preservación de la cultura ancestral.

La institucionalidad chilena no ha abierto caminos de restitución de los territorios usurpados ni a la ejecución de efectivos programas de reparación a favor de las comunidades mapuche. Ha habido una repartija de migajas con las que se ha buscado anular la capacidad de participación de las comunidades y sus dirigentes.

Ello ha prolongado el conflicto que viven las comunidades. La aplicación de una política estatal genocida ha traído la reapertura de un nivel de conflictividad que incluye la ejecución de crímenes de lesa humanidad no inferiores a los de los tiempos de la conquista española o de la mal llamada “pacificación” que hizo el Ejército chileno. En lo inmediato, las políticas concertacionistas se han vuelto la prolongación de la dictadura que volvió a quitar a las comunidades las tierras que la reforma agraria les había devuelto y que las dividió en propiedad privada para mejor engañar a sus poseedores y concentrarlas en las grandes transnacionales.

La política estatal cada vez se hace más represiva, en todos los sectores sociales. Se aprueban leyes contra las manifestaciones de descontento social, se persigue a las organizaciones populares, se acallan sus medios de comunicación y se impone un ambiente de militarización tanto en territorio mapuche como en el resto del país. Lo hemos visto en Tambillos, en Salamanca, en los ataques y detenciones contra activistas de derechos humanos y medioambientales, en los montajes judiciales, en el envío de fuerzas especiales a hacer la guerra a las comunidades mapuche.

Llamamos a denunciar la política criminal del Estado chileno. Que los que aún creen en la buena voluntad de los gobernantes, se vayan desengañando. Que no crean que puede haber un mal mayor que éste, de ser oprimidos sin derecho a respuesta.

Llamamos a la organización de l@s mapuche, mestiz@s y chilen@s, a la unidad de los pueblos y los trabajadores, a extender la protesta, levantando multitudes que defiendan sus derechos, que coordinen un accionar efectivo y colectivo, que presenten nuevas propuestas frente a un sistema opresor, a la vez genocida y autodestructivo.

Exijamos la libertad de los prisioneros mapuche, y que se impongan actos de justicia contra los actos impunes de asesinos desalmados enfrentando a manifestantes desarmados. Denunciemos los montajes con que las grandes empresas y sus cómplices de los poderes del Estado buscan castigar aun más a nuestros hermanos. Denunciemos los engaños propagandísticos con que la Concertación busca limpiar su imagen.

Exijamos la renuncia al Ministro del Interior Edmundo Pérez Yoma y al subsecretario Patricio Rosende, por ser responsables directos del accionar brutal de Carabineros; al Ministro José Antonio Viera-Gallo, a la Intendenta Nora Barrientos y al Comisionado Rodrigo Egaña, porque sus actuaciones sólo han servido para agudizar el conflicto que afecta al pueblo mapuche y para entrabar por todas partes cualquier solución efectiva y sujeta al Derecho emanado de los tratados internacionales suscritos por el Estado chileno.

Que la comunidad internacional y las organizaciones de los pueblos, suscriban una pública condena y sanción moral contra el régimen chileno y su felonía.

En la lucha por sus derechos, el pueblo mapuche no está solo.

TIERRA Y LIBERTAD PARA LOS MAPUCHE

MOVIMIENTO DE LOS PUEBLOS Y LOS TRABAJADORES – MPT

Agosto 2009

Ante el asesinato del Weichafe JAIME FACUNDO MENDOZA COLLIO el pasado miércoles 12 de agosto a manos de fuerzas especiales de carabineros del Estado de Chile, el Puño de Abya Yala declara a los Pueblos de Chile, Abya Yala y el mundo lo siguiente:

El asesinato del hermano Mapuche, a manos del Estado chileno es la misma sangre que ha sido derramada desde hace 500 años cuando el invasor trajo la oscuridad a Abya Yala, a esta misma tierra que hoy día llega la luz y despierta a sus Guerreres para defender y liberar nuestras vidas, de la destrucción, la muerte, el dolor, el sufrimiento y la dominación, que nos han impuesto, y le han impuesto a nuestra Ñuke Mapu, Pacha Mama, Kainga, desde que llego Colón.

El cuerpo de nuestro hermano hoy yace sin vida, pero su espíritu y su sangre se mezclan y forman parte de la Madre Tierra, y su ejemplo lo mantiene mas vivo que nunca y nos llena de newen para seguir sintiendo y viviendo el proceso de Liberación Reciproca entre los Pueblos y la Madre Tierra.

La recuperación de tierras ancestrales, es la única forma en que el Pueblo Mapuche pueda vivir plenamente su identidad , su cultura y cosmovisión, para la Gente de la Tierra el suelo, los arboles, las aguas, los animales y todo lo que constituye la Madre Tierras, no son mercancías transables, son parte del equilibrio del cosmos.

La valentía de Jaime Facundo Mendoza Collio, es la misma de Leftraru, Alex Lemun, De Matías Katrileo, y de los miles y miles que vienen luchando hace 500 años, contra estados asesinos y represores, pero la llama de ninguno de ellos se apaga, sino que nos ilumina y nos da la fuerza, la certeza y la sabiduría, de que hoy no se puede estar sentado frente al televisor viendo como pasan los sucesos, sino debemos constituirnos como sujetos transformadores de esta realidad, despertar, agudizar los sentidos, sentir el llamado de la Madree Tierra, y construir nuevas formas de vida, para vivir desde hoy el todavía no que soñamos.

VIVA EL DESPERTAR DE LOS PUEBLOS DIGNOS Y VALIENTES DE ABYA YALA


¡¡¡CRECEN, AVANZAN LOS PUEBLOS QUE NO TRANZAN!!!
¡MARICHIWEU!


Puño de Abya Yala
Todas las Luchas, Todas las Vidas, Todos los Pueblos.

-Territorio de Kokimpu, invierno 2009

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Digna Choapa Resiste contra Minera Los Pelambres

Marrichiwew

ESCUADRON MILITAR DE COMANDOS CON ARMAMENTOS DE GUERRA ASALTARON HOY NUESTRA COMUNIDAD

10 de agosto de 2009

El día de hoy lunes 10 de agosto de 2009 alrededor de las 13:45 horas un escuadrón del grupo de operaciones especiales, compuesto por 7 efectivos fuertemente armados (ya no solo con elementos disuasivos como lanza granadas, gases lacrimógenas y escopetas) con sub ametralladoras y pistolas automáticas ingresaron disparando a nuestras familias y sus hogares.

La incursión con características militares (comando), se realizo estableciendo anillos concéntricos de seguridad alrededor de nuestra comunidad, instaurando un punto de control, con tiradores apostados en la entrada de nuestras tierras, que resguardaban el ingreso de dicho escuadrón. Los cuales sin mediar provocación abrieron fuego, de esta forma los efectivos recorrieron los caminos interiores, registrando los hogares y apuntando a nuestras familias.

Durante aproximadamente 2 horas el COMANDO MILITAR (ignoramos si pertenecen a carabineros) ocupo nuestra comunidad con la fuerza de sus armas, llego a tal punto su acción, que por el estruendo provocado por las ráfagas de sus fusiles, se alerto a las comunidades aledañas a la nuestra, saliendo de sus hogares para ver que estaba pasando, durante horas se escucho intenso fuego, disparado por los efectivos solo para causar e infundir terror y pánico.

Reiteramos el carácter militar de la operación, debido a que se trato de efectivos que tanto en su indumentaria como en su armamento, distaban mucho de lo que normalmente usan los efectivos de Fuerzas Especiales que viven en las tierras de Urban y que pertenecen a la policía militar.

Hacemos por lo tanto un abierto llamado a denunciar y condenar la guerra que el Estado chileno a organizado contra nuestras comunidades, y particularmente contra Temucuicui, esta vez con principal énfasis convocamos a todas las organizaciones y actores que trabajan por los derechos humanos a comunicarse y actuar, pues nadie puede tolerar este tipo de atropellos que se amparan en autoridades políticas que han negado el diálogo y nos han enviado fusiles y metrallas como respuestas.

Por nuestros justos derechos, seguimos de pie con el grito de libertad de nuestros antepasados: Marrichiwew.

Comunidad Mapuche Ignacio Queipul Millanao
LOF TEMUCUICUI.

--
PU LOF XAWVN
ALIANZA TERRITORIAL MAPUCHE

MPT EXIGE LIBERTAD DE PRESOS POLÍTICOS MAPUCHE Y SE HERMANA CON SU CAUSA JUSTICIERA

La detención y encarcelamiento de Héctor Llaitul, líder de la Coordinadora Arauco Malleco, parece un nuevo montaje preparado por la policía y los tribunales. Llaitul ya estuvo anteriormente un año y cuatro meses en la cárcel, después de los cuales tuvieron que liberarlo, pero después de una injusta privación de libertad. Estos son métodos de tortura y represión, contra miembros del pueblo mapuche.

Los juicios llevados a cabo por los Tribunales de Justicia chilenos no buscan hacer justicia, sino son meros instrumentos de represión y amendrentamiento contra el pueblo mapuche. La prisión tiene como único objetivo aplastar la moral de los líderes mapuche. Se utilizan “testigos protegidos”, cuya mantención corre por cuenta de todos los ciudadanos que pagan impuestos al Estado chileno. Esos testigos que declaran en contra de los acusados se han convertido en un nuevo tipo de funcionarios estatales. Los juicios intentan darle una cara legal o “democrática”, al terrorismo de Estado, que es ilegal e inmoral. Junto al aprisionamiento de dirigentes mapuche, hay una política de terror racista contra las comunidades, realizada indiscriminadamente contra la población mapuche y donde los mayores afectados son los niños y adultos mayores. Esta represión continúa pese a las denuncias de organizaciones de salud comunitaria y de derechos humanos. Las regiones VII, IX y X están invadidas por militares que impiden el ejercicio del Estado de Derecho, aplastando derechos como el de libre circulación, reunión y asociación. Esto se hace bajo la complicidad de las autoridades civiles concertacionistas (intendentes, gobernadores, CONADI, Orígenes), que así se dedican libremente al cohecho electoral y a los malos manejos de los fondos estatales.

Todos estos métodos hacen recordar los peores momentos de la dictadura y el juego sucio de sus aparatos represivos, que junto con otras tantas cosas, la Concertación es su fiel heredera. Es necesario denunciar los montajes y la farsa del gobierno y exigir la libertad inmediata de todos los presos políticos mapuche.

EL DIÁLOGO PARECE INFRUCTUOSO

El 6 de julio, más de 100 mapuche representantes de 200 comunidades, con loncos, niños, guaguas y mujeres, llegaron a Santiago a dialogar con la Presidenta Bachelet y a exigir al gobierno central un Nuevo Trato y la recuperación de sus tierras. Estos procedimientos pacíficos, comunes desde 1990, también han sido infructuosos, ante la negativa del régimen capitalista de ceder un terreno usurpado al pueblo que legítimamente lo poseyó por siglos.

Las organizaciones que han creído hasta ahora que podía haber “nuevo trato” o política de “Re-conocer”, han sufrido asimismo la desconocida de parte del gobierno, que creó la figura de un “Comisionado” que recuerda las peores figuras de la conquista española. Dotado de plenos poderes, ha logrado deshacer la convivencia aparentemente pacífica y constructiva que habían desarrollado las organizaciones leales a la institucionalidad. Lo que el gobierno ha reconocido, ha sido la gran fuerza de las comunidades mapuche e indígenas en general, y por eso hoy buscan anularlas burlando todos los acuerdos logrados en los dos primeros años del gobierno Bachelet.

Dirigentes de las organizaciones legalistas, como consejeros ante la CONADI, han llamado a aquellas a ponerse alerta y denunciar mecanismos que buscan desconocer los escasos acuerdos con el gobierno que beneficiaban al mundo indígena; han denunciado la consulta fraudulenta que el gobierno hizo a comunidades y asociaciones, con el intento de aprobar un falso reconocimiento constitucional que asegure la homogeneidad cultural y desconozca los derechos de los pueblos indígenas. Asimismo, han denunciado la represión en aumento contra comunidades y hermanos/as indígenas.

LA REPRESIÓN CRIMINAL CONTRA EL PUEBLO MAPUCHE

Por todas partes, podemos ver con preocupación cómo se reprime al pueblo mapuche y se burlan los débiles acuerdos pactados entre el gobierno y las organizaciones. No vemos ningún intento de solucionar la conflictividad, sino es aumentando la represión y el terrorismo estatal.

Todo esto tiene como fin impedir que en Chile los pueblos indígenas recuperen sus derechos ancestrales, que están siendo reconocidos por las normas internacionales, como el Convenio 169 que debiera ser aplicado en este país. Lo que se busca es impedir su puesta en funcionamiento. Lo que se busca es destruir a la organización de los pueblos originarios, comenzando por los mapuche, para imponer con más fuerza el dominio del gran capital para saquear las riquezas básicas de las comunidades y del país, como intentaron en la Amazonia peruana, como intentan día a día en contra de los pueblos andinos, en contra de los huascoaltinos, los aymaras, los quechuas, collas y diaguitas. Lo que se busca es la extinción física y cultural de las comunidades, tal como el Estado y los terratenientes hicieron anteriormente con yámanas, selknam y kawashkar. Lo que buscan es la criminalización de sus asociaciones, tal como lo hizo Pinochet.

LA LUCHA MAPUCHE ES LA LUCHA DE TODOS LOS PUEBLOS Y TRABAJADORES

El MPT llama a la población chilena, a reconocerse mestizos descendientes de las naciones originarias, y a reconocer un destino histórico común con estos pueblos que hoy luchan con dignidad por sus derechos. Llamamos a los pueblos a no ceder ante el terrorismo estatal, a estar alertas ante las medidas que establecen una nueva guerra de conquista genocida y ecocida. Llamamos a los trabajadores, a solidarizar con quienes nos han dado ejemplo de dignidad y consecuencia desde los días de Kallfü-likan y Lef-traru.

Expresamos nuestra solidaridad con el pueblo mapuche, que está siendo agredido en todas las formas por las grandes empresas, el gobierno, las fuerzas represivas y los usurpadores de todo tipo.

Llamamos a las autoridades a reconocer que no van a lograr destruir al pueblo mapuche, porque la historia demuestra que éste siempre vive y se engrandece. Reconozcan que el pueblo chileno está junto a los pueblos originarios y respalda fraternalmente a los mapuche, ejemplo de dignidad y altivez. Los usurpadores y traidores no son nada ante la historia, siempre triunfa moral y espiritualmente el pueblo que sabe ser digno.

Llamamos a concertar amplios acuerdos movilizadores entre las organizaciones de los pueblos y los trabajadores, porque los usurpadores y los explotadores son los mismos, y por eso la lucha es una sola. Llamamos a la solidaridad, la unidad, a la organización y la lucha.

Fuera todas las fuerzas represivas de las comunidades, fin a la militarización del territorio mapuche.

Fuera todos los ladrones y usurpadores del territorio mapuche, especialmente las forestales y los latifundistas.

Por un mar libre de contaminación, por el derecho a la pesca artesanal y a la vida, no a la Celco , vivan los pobladores dignos de Mehuín.

Por un territorio sin contaminación, no al racismo ambiental, fuera los basurales de las comunidades mapuche, devolución de tierras,

Que se reconozcan las demandas de los indígenas urbanos, que se establezca una verdadera interculturalidad, que los pueblos indígenas, su existencia y sus derechos, sean reconocidos efectivamente en una nueva constitución.

Triunfarán las comunidades de todo el Wallmapuche.

Movimiento de los Pueblos y los Trabajadores – MPT

Agosto de 2009

Conflicto en la Araucanía ¿policial o político?

En estos días la prensa informa de hechos de violencia ocurridos en el sur del país. Bajo el rotulo de recrudecimiento del “conflicto mapuche”, término equivoco que supone que el conflicto es de los mapuche y no uno que nos involucra como país, los medios de comunicación ponen su atención en situaciones de violencia supuestamente imputables a comunidades o a integrantes de este pueblo.

Así, se ha informado de la ocupación de predios particulares, en algunos casos ocupados en reiteradas oportunidades por las comunidades aledañas (caso de fundos La Romana y Montenegro en Ercilla), de la existencia de dos uniformados con lesiones que han sido atribuidas a impactos de perdigones efectuados por mapuche, y del ataque a un bus y a camiones que transitaban por la carretera Panamericana al altura del bypass de Temuco.

Nada se ha informado, sin embargo, de la utilización desmedida, por parte de carabineros, de elementos disuasivos, tales como bombas lacrimógenas, balas antimotines e incluso balines de plomo, en algunos casos disparados desde helicópteros en movimiento, para reprimir a los integrantes de las comunidades en conflicto. Acciones que, en el caso de Malleco, han resultado en cinco personas mapuche heridas a bala, una de las cuales podría perder uno des sus ojos. Tampoco se analiza el trasfondo de estos hechos, que es el de la responsabilidad pasada y presente que tiene el estado frente a ellos, o de las alternativas políticas –más allá de lo meramente policial- para la superación de este conflicto histórico.

Parece conveniente, en primer término, distinguir entre las diversas situaciones ocurridas en estos días, las que a la distancia -desde Santiago- se ven como un mismo fenómeno. Desde luego la agresión a un bus y a camiones en el bypass de Temuco, no tiene nada que ver con el proceso reivindicativo que desarrollan las comunidades de Malleco. Aunque en el sector aledaño a aquel en que ocurrió el primer hecho, la represión policial cobró el 2008 una víctima fatal (Matías Catrileo) y ha resultado en numerosos casos de tratos crueles y degradantes en contra de integrantes de comunidades. Nada justifica la agresión a los vehículos que transitan por la vía pública, ni menos de la población civil de la manera, como de acuerdo a todos los antecedentes disponibles, en este caso ocurriera. Hechos de violencia como ellos –supuestamente autoadjudicados por la Coordinadora Arauco Malleco- son lamentables, y deben ser condenados enérgicamente. También deben ser investigados y sancionados sus responsables, quienes quiera que éstos sean.

Otra situación muy diferente es la que dice relación con el proceso reivindicativo de las comunidades mapuche de Ercilla, entre ellas, las comunidades de Temucuicui y Huañaco Millao, y de comunidades de Collipulli, como la de Rankilco, frente al desposeimiento de sus tierras del que han sido objeto por parte del estado y/o por los particulares que hoy las detentan.

La legitimidad de las demandas de estas comunidades ha sido reconocida por el propio estado. Ello al ponerse en marcha por el gobierno, al menos en el caso de Temucuicui, los procesos legales tendientes a la adquisición de las tierras en conflicto. Dicha legitimidad de las mismas, está también reconocida por el gobierno al aprobar con su voto el 2007 la Declaración de la ONU sobre derechos de los pueblos indígenas, la que reconoce su derecho a “la restitución o, cuando ello no sea posible, una indemnización justa, imparcial y equitativa, por las tierras, los territorios y los recursos que tradicionalmente hayan poseído u ocupado o utilizado de otra forma y que hayan sido confiscados, tomados, ocupados, utilizados o dañados sin su consentimiento libre, previo e informado.” (Artículo 28.1)

La acción de las comunidades de Malleco difícilmente puede entenderse si no se tiene en consideración la dilación del estado en atender a sus demandas de tierra, las que fueron identificadas en un estudio encargado por la Comisión Especial de Pueblos Indígenas, antecesor de la CONADI, ya en 1993. En dicho estudio se constata no solo la propiedad ancestral que las comunidades tenían sobre los predios reclamados, sino también el proceso de desposeimiento, a través de mecanismos fraudulentos, de sus tierras a manos de quienes hoy los detentan o por sus antecesores en la propiedad.

Tampoco puede entenderse si no se tiene en consideración las múltiples gestiones hasta ahora realizadas por ellas ante las instancias estatales, todas ellas por la vía del diálogo, para lograr una solución a sus demandas, sin que ello haya sido posible. Tales gestiones incluyeron el reciente viaje de un centenar de representantes mapuche a Santiago con el fin de entrevistarse con la Presidenta o sus representantes en La Moneda. La entrevista no solo no se verificó, sino que además en la ocasión la delegación mapuche fue objeto de abierta discriminación por parte de efectivos policiales, los que no dejaron a la comitiva acercarse al palacio presidencial. Aunque se pueda discrepar de la determinación de las comunidades de Malleco de hacer ocupación de los predios que reclaman, no cabe duda que los factores antes señalados, claramente imputables a la negligencia del estado, han detonado tal decisión.

En cuanto a los hechos de violencia acaecidos en el contexto de dichas ocupaciones -muchos de los cuales han ocurrido al interior de las comunidades involucradas- todo indica que ésta ha sido ejercida fundamentalmente por carabineros. En efecto, aunque existe información de situaciones de violencia imputables a los comuneros mapuche, tanto los relatos de las comunidades, como la información disponible de los heridos en los enfrentamientos, dan cuenta de un uso desproporcionado de la fuerza por parte de carabineros, sin que éstos hayan respetado y protegido la dignidad y los derechos humanos como lo ordenan las directrices internacionales de la ONU sobre el empleo de la fuerza por parte de los funcionarios policiales.

La violencia policial en contra de comunidades mapuche no es un fenómeno nuevo, sino uno que se prolonga ya por muchos años. Es así como en los últimos años se ha documentado un promedio de 20 casos graves de violencia policial anuales que afectaron a comunidades mapuche. En lo que va corrido del año 2009, ya han sido denunciadas 15 de estas situaciones de violencia innecesaria en contra de personas o bienes de los mapuche, la mayor parte de ellas imputables a carabineros. No es casualidad entonces que este haya sido uno de los temas de mayor preocupación de la comunidad internacional en la reciente revisión de la que Chile fue objeto por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra en mayo pasado. En la oportunidad el Consejo recomendó a Chile fortalecer el control frente a las situaciones de abusos policiales, y asegurar su investigación y sanción, de modo de poner término a estas prácticas violatorias de derechos humanos, recomendación que fue aceptada por el gobierno.

El término de las situaciones de violencia policial que han afectado a los mapuche requiere de reformas jurídicas, entre ellas, la reforma de la justicia militar para eliminar su competencia para analizar los delitos que cometan los funcionarios policiales sobre la población civil, y con ello la impunidad en que éstos quedan. Ella pasa también por una actitud mucho más decidida de la autoridad para adoptar todas las medidas que estén a su alcance para impedirlas. No basta con que el Subsecretario Rosende condene y rechace “los hechos de violencia, vengan de donde vengan". Para que sus afirmaciones sean creíbles, el gobierno debe asumir una actitud tan drástica como la que asume frente a hechos de violencia imputables a los mapuche, para fiscalizar administrativamente hechos de violencia policial como los ocurridos en estos días en la Araucanía, y para perseguirlos ante la justicia. De otro modo, ella no será erradicada.

El fondo del conflicto entre el pueblo mapuche y el estado, entre ellos el de las tierras, no será resuelto, sin embargo, sin un abordaje político del mismo. Tal como lo ha señalado el ex ministro Francisco Huenchumilla, "uno tiene que mirar esos actos de violencia como un síntoma de un problema mucho más profundo que requiere un tratamiento político".

Se requiere por tanto que el gobierno priorice la estrategia política por sobre la estrategia policial. Más que mandar enviar al Subsecretario del Interior a la Araucanía, debería enviar al sur al Comisionado Presidencial para Asuntos Indígenas. Más que anunciar el refuerzo del contingente policial en comunidades, y acciones legales en contra de los mapuche -sin descartar la ley anti terrorista- debería anunciar la apertura de espacios para un diálogo sobre los temas que generan los conflictos. De otro modo, las declaraciones de “re-conocimiento” del otro que han sido características del discurso gubernamental, carecen de sentido, y de credibilidad.

El Convenio 169 de la OIT, que en septiembre entra en vigencia plena, establece lineamientos relevantes que podrían orientar un diálogo entre el mundo mapuche y el estado para buscar soluciones a los problemas de fondo detrás de los conflictos; el derecho de los pueblos indígenas a sus tierras, territorios y recursos naturales; el derecho a definir sus propias prioridades en materia de desarrollo; el derecho a ser consultado, de buena fe y con miras a llegar a acuerdo, cuando se adopten medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles.

Indudablemente un diálogo de esta naturaleza requiere de la disposición y buena fe de ambas partes, incluido el mundo mapuche. La oportunidad está planteada. Es de esperar que sea aprovechada por los actores involucrados. Si no lo hacen, hechos como los de los últimos días se seguirán repitiendo en el futuro cercano.

José Aylwin

Co-Director del Observatorio Ciudadano

LA DERECHA Y SU VISION EN EL TEMA DEL AGUA

ARTICULO DE REVISTA CAPITAL QUE SACO PORTDA CON LA SERENA...

Reportajes y Entrevistas
Hierve el agua

Artículo correspondiente al número 255 revista Capital (26 de junio al 9 de junio de 2009)

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De norte a sur empresas mineras, eléctricas, sanitarias, agricultores y comunidades completas están en tensión. Y no, no están haciendo gárgaras. Están luchando por un recurso que si bien abunda bajo la forma de agua salada, congelada o correntosa, escasea en la oportunidad y lugares requeridos. El tema ya ha salpicado a tribunales y ha mostrado síntomas de hervor en la cabeza de más de un político nostálgico del Estado, cuestión que a muchos los tiene en estado de alerta. Por Roberto Sapag.

En el norte los muros de pueblos remotos registran rayados que declaman cosas como que “el agua es nuestra” o “agua sí, oro no”. En la zona centro, eléctricas y sanitarias se envían mensajes sobre sus preeminencias en el uso de este recurso. En el sur, comunidades indígenas (convenio 169 de la OIT bajo el brazo), “exigen la devolución inmediata” de los caudales ancestrales por parte de las multinacionales que proyectan represas. Así, suma y sigue.

La guerra del agua no es un mito. Es real, tangible. Está en las calles, con protestas. Está en los tribunales, con demandas y contrademandas. Está en las mesas de negociación, con contratos millonarios... y está en foros, como el que Icare recientemente bautizó “La guerra del agua”.

Pero no sólo ahí. El tema también está en la cabeza de varios políticos, los que incluso han llegado a plantear la nacionalización de este recurso.

Es justamente este último síntoma el que invita a rasquetear la costra que cubre el tema para ir más allá. Sólo así se podrá dar con soluciones eficientes a los problemas que aquejan a los involucrados. ¿Por qué? Porque si bien los expertos admiten –con matices– que no siempre el mercado es la panacea, también concuerdan en que de ahí a retrotraer el debate al punto de una nacionalización, hay mucho trecho.

Antes de llegar a un punto como ese, en que no se sabe lo que pueda detonarse, los consultados aseguran que hay que preguntarse si la escasez de agua es una condena fatal o, por el contrario, una realidad manejable.

La evidencia de otras naciones revela que esta amenaza es posible atenuarla y, por qué no, incluso neutralizarla. A este nivel no hay dos opiniones: Estado y privados todavía tienen mucho que decir, ya que es posible “crear” nuevos derechos de agua (por la vía de construir embalses, recargar acuíferos subterráneos o desalar agua de mar) y diseñar sistemas más eficientes para el uso de los recursos disponibles, como lo están haciendo numerosas empresas en el norte.

Pensar que la solución pasa por que el Estado patee la mesa y nacionalice o por que los privados sigan arreglando las disputas en la lógica binaria de los tribunales y los maletines con plata, puede terminar mal, nos advirtieron.

En el primer caso, las decisiones de inversión y las certidumbres productivas podrían naufragar en aguas turbias y turbulentas. En el segundo, podríamos estar adoptando como país decisiones geopolíticas erradas (como despoblar el estratégico norte porque hoy es más negocio explotar minerales no renovables que tener cultivos o consolidar ciudades, por ejemplo) o podríamos estar alimentando el descontento y la sensación de injusticia de aquellos que quedaron debajo de las mesas de negociación en que algunos resuelven sus disputas.

Un asunto de escasez

Para partir por el principio, digamos que en general las pugnas tienen que ver con bienes escasos. Y cuando uno habla de la guerra del agua, en el fondo está hablando de una lucha que como mucho abarca al 3% del total de los recursos hídricos, ya que 97% del agua existente en el mundo es salada (o sea es un bien que está, pero que, por cuestiones de costo y tecnología, en la práctica no lo está tanto).

Además, y como un 70% de esa agua dulce está en cascos polares y glaciares, no es que realmente se trate de un 3%, sino de una pelea por el 30% de un 3%.

Ahora bien, y para seguir complicando el asunto, digamos que dos tercios de esa ya mínima fracción son aguas subterráneas y sólo un tercio está en ríos, lagos y humedales; y que en el caso de Chile la distribución es dispareja, incierta y tumultuosa. En efecto, en el país tenemos en el norte el desierto más árido del mundo (con localidades, como Quillahua, con niveles de precipitaciones cero) y vastas superficies con abundantes potenciales productivos pero magramente abastecidas por mezquinos surcos de agua.
Además, no nos olvidemos de que este simpático país es angosto y empinado y que acá, a diferencia de Brasil y Argentina, donde el agua serpentea mansamente, los ríos chorrean caudalosamente desde una cordillera que promedia los 3.500 metros hasta el nivel del mar.

Por último, el director general de Aguas, Rodrigo Weisner, nos hace ver que este es un país cuya estrategia de desarrollo pasa de manera importante por la explotación de commodities, todos los cuales son altamente dependientes del agua. “Agrégale a eso la contaminación, que resta agua disponible al ya escaso stock; que las necesidades van creciendo a medida que crecen la economía y la población, y el cambio climático, que ha añadido altas dosis de incertidumbre. De hecho, ya se aprecian promedios de temperatura más altos, los cuales están haciendo que las tasas de evaporación sean superiores y están produciendo una menor precipitación de nieve, entre otras cosas, porque la isoterma cero (que es la que define cuándo cae nieve o lluvia) está cada vez más alta”.

O sea, hay escasez. Y para dimensionarla, qué mejor que echar mano a la presentación del abogado Juan Carlos Urquidi en el citado encuentro Icare. En ella el profesional afirma que “se estima que la disponibilidad de agua per cápita por región del país, entre los años 2000 y 2025, disminuirá 22,26% (...) y que en Chile varias regiones ya se encuentran debajo del umbral de 1.000 metros cúbicos por habitante por año, estimado por Naciones Unidas como indicador de escasez crónica de agua suficiente para impedir el desarrollo y afectar seriamente la salud humana”.

Nos vemos en la corte

Lamentablemente, dice Rodrigo Weisner, “el nivel de judicialización de los problemas del agua en nuestro país en general es alto. Hoy, los puntos de fricción entre las partes, o se canalizan por el sistema de evaluación de impacto ambiental o por los tribunales de justicia, y yo creo que ambas formas de resolver no son las más adecuadas”. Y no lo son, porque se trata de sistemas binarios (con ganadores y perdedores) o porque muchas veces terminan con arreglos económicos y la sensación de injusticia y descontento de varios de los involucrados. Emblemático a este nivel, por el mal precedente que representa según el director de la DGA, es lo que sucedió en el valle del Pupío con el embalse El Mauro, donde en mayo de 2008 el asunto se zanjó con 23 millones de dólares y otras compensaciones.

Meses, si no años, de disputas, abogados e incertidumbre finalmente terminaron de la manera más básica: con plata en la mesa. Weisner cree que en muchos casos (no nos referimos a El Mauro) hay soluciones intermedias, algunas de los cuales pasan, por ejemplo, por mecanismos de compensación entre los involucrados y otras por aprovechar los espacios de encuentro dentro de las asociaciones de usuarios y juntas de vigilancia, que son quienes regulan el uso de las aguas y tienen instancias de resolución de conflictos.

Otras soluciones son, por cierto, más estructurales. No hablamos de cambiar la estrategia de desarrollo del país, sino de levantar infraestructura, como embalses, canales y obras de riego que permitan almacenar las grandes cantidades de agua que hoy se vierten al mar. Y también, usar de mejor manera el stock disponible, con riego por goteo, embalses para regadío, tranques acumuladores nocturnos y tantas otras figuras. Sin ir más lejos, Chile tiene un nivel de reutilización de aguas de 0,05%: nada, si se compara con Israel, que tiene un 73%, o con España y su 15%.

El director de Aguas dice que si bien sobre el tema de los embalses no hay una sola opinión, “Chile tiene por estos años la tasa de inversión de obras de infraestructura hidráulica más grande del hemisferio sur, lejos. Incluso es alta comparando con países desarrollados (...) Tuvimos un déficit de embalses muy grande en los años 68-90, pero eso se empezó a recuperar desde el año 90 y en este gobierno, por primera vez, se están construyendo tres embalses simultáneamente. Eso no había ocurrido nunca en la historia”. Claro que a renglón seguido apunta que una de las cosas que han resultado difíciles es que los beneficiarios de esas, por lo general, costosas obras paguen. La evidencia muestra que los regantes no están dispuestos a desembolsar por algo que creen un derecho.

Como sea, crear nuevos derechos de agua, cobrar por los flujos que han sido acaparados con fines especulativos a la espera que la escasez los haga subir de precio, y promover usos más eficientes de los recursos hídricos disponibles son algunas de las medidas que podrían sofocar parte de las incendiarias tensiones que se observan a lo largo y ancho del país. Pero, probablemente no sean suficientes.

El vicepresidente de Aguas Andinas, Joaquín Villarino, es un convencido de que falta una estrategia integral para abordar el tema. A su juicio, agua hay. Lo que falta es tener una estrategia clara y de largo plazo que asegure su disponibilidad a nivel nacional, en la forma y oportunidad requeridas. “Acá en este tema de la escasez de agua no hay alguien que se haya sentado a planificar una política para abordar el asunto en los próximos 20 años, siendo que la evidencia del conflicto entre sectores ya está”.

¿Qué postula? Hacer un macro mapa de soluciones que incluya plantas desalinizadoras, recarga de acuíferos subterráneos, construcción de embalses y trasvasije de agua entre cuencas (como se hizo con el Canal San Carlos hace 150 años), entre otras muchas soluciones. “Luego de trazar ese diseño integral hay que hacer una revisión de los derechos de agua otorgados, porque no cabe duda de que en algunos ríos hay concedidos más derechos de agua que los caudales que traen los ríos. Para resolver eso puedes optar por el camino del conflicto jurídico indefinido o la búsqueda de una solución económica… y yo me inclino más por esto último”.

Claro que la revisión por parte del Estado del stock de agua existente tiene que tener doble entrada. Al menos, así lo cree la investigadora de Libertad y Desarrollo María de la Luz Domper, quien asegura que es clave saber cuánta agua hay en los acuíferos para no tomar decisiones con una aversión al riesgo desmedida. La experta cree que algo de esto ha estado sucediendo, ya que se ha declarado zona de restricción “prácticamente a todo el norte de Chile, hasta la VI Región”, y tal vez en varias partes se podría estar concediendo derechos provisionales. “Es clave la información. De hecho, con la reforma que se conoció como la ley del mono del agua, que buscaba regularizar pozos clandestinos de hasta 2 litros por segundo, resulta que aparecieron unas 50.000 solicitudes; lo que ha generado un problema, porque regularizarlas supondría conceder más derechos que los que se cree hay en aguas subterráneas”.

Y aunque es un firme partidario de las soluciones económicas y de mercado, Joaquín Villarino apunta en todo caso que su enfoque no pasa exclusivamente por un asunto de precios, ya que cree que deben meterse a la ecuación factores estratégicos. “Piensa tú que si es sólo por precio, en algunas zonas la minería terminaría pagando los mejores valores por el agua, con lo cual las faenas agrícolas y hasta las poblaciones tendrían que desplazarse. ¿Es eso lo que queremos en la I Región y otras zonas del norte?”, inquiere.

Al respecto, Domper, postula que una forma de evitar ese efecto podría ser que el Estado participe solicitando derechos con criterios estratégicos, algo que la ley permite, para destinarlos a aquellos usos que se estime prudentes. En todo caso, su punto de fondo es que en general deben privilegiarse las soluciones de mercado, sistema más que probado en lo que se refiere a asignar recursos de manera adecuada.

Villarino, de todas formas, deja abierta otras puertas, al mencionar que el Estado puede no sólo evitar que ciertas zonas se despueblen, sino que puede rescatarlas. “Fíjate que en Perú, en el norte de Lima, se hizo una inversión a costo perdido que permitió recuperar una amplia zona donde hoy se producen exitosamente espárragos y los efectos han sido potentes”. Ahí hubo una decisión de Estado, como la que tomó Chile de la mano con las empresas sanitarias para resolver el problema de las aguas servidas. Esa política no sólo ha permitido recuperar tierras hacia las zonas costeras, mejorar el medioambiente y la dignidad y salud humanas, sino que ha permitido al país ponerse comercialmente en línea con las exigencias de los mercados desarrollados.

Zonas de fricción

A la hora de repasar la lista de conflictos que tienen como común denominador al agua, no hay planilla Excel que aguante. Los tira y afloja van desde demandas ciudadanas puntuales por arroyos y esteros hasta disputas que involucran a pesos pesados, como Pascua Lama (Barrick), AES Gener, Aguas Andinas, Celco, Endesa, Colbún y una lista no menor de industrias que tienen en el agua un insumo clave.

Sin embargo, y antes de desmenuzar algunos casos emblemáticos, sí se puede identificar las superficies productivas más propensas a friccionar en las distintas macrozonas.

En la macro región norte, es decir en las regiones XV, I, II y III, los consultados coinciden en que minería, agricultura y comunidades son las más propensas a sufrir colisiones.

En la zona centro sur (desde la IV Región a la VII), lo que se observa con más regularidad es que hay mucha competencia interna entre agricultores, además de disputas entre éstos y sanitarias y pugnas con hidroeléctricas y comunidades. Curioso ha sido a este nivel un nuevo foco de conflicto derivado del tratamiento de las aguas, del cual hablaremos luego.

En la zona sur que va desde la VIII hasta la X y XIV regiones, las hidroeléctricas pasan a desempeñar un rol clave, con flancos en el plano ambiental y de pueblos originarios. La industria de la celulosa y los agricultores también tienen roles destacados, a los cuales en los últimos años se han ido agregando los habitantes de las zonas del secano costero de la IX Región, en donde la escasez de aguas ha ido en aumento. Finalmente, en la macrozona ya mencionada y en la que sigue de norte sur, la austral, los conflictos tienen que ver con aspectos ambientales y uso turístico de los recursos, en especial en el llamado turismo de intereses especiales.

Consignemos, por último, que la galería de conflictos que se mencionan a continuación no busca darle la razón a ninguna de las partes, sino que mostrar que en todos ellos hay intereses múltiples, millonarias inversiones y suculentos acuerdos negociados y en negociación. Como se verá, cada actor tiene cuotas de razón, lo cual de nuevo lleva al punto inicial de este artículo y que tiene que ver con la importancia de diseñar una solución integral que despeje los puntos de fricción.

Macro Zona Norte

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Injustamente, dicen expertos, la minería es la protagonista infaltable de los conflictos del agua. Siendo, como es, un usuario secundario de derechos (toda la minería de Chile usa nada más que el equivalente al caudal del Canal San Carlos), y siendo por lejos el sector más dinámico en la búsqueda de eficiencia hídrica (con proyectos en donde ocho de cada diez moléculas de agua están siendo reutilizadas), en la guerra nortina del agua los mineros son para muchos “el malo de la película”. Además, convengamos que los proyectos mineros, a diferencia del agro por ejemplo, pasan por evaluación de impacto ambiental, de modo que “deberíamos empezar a preguntarnos como sociedad si esa diferencia es justa o no”, apunta Weisner.

La zona, como dijimos tiene una escasez paradigmática. Aquí no hay falta, sino que virtual ausencia de agua. De ahí que muchas empresas como Minera Escondida, Aguas Antofagasta y Minera Candelaria hayan cortado por lo sano y estén derechamente desalando abundantes cantidades de agua de mar, haciendo swaps o intercambios del líquido y reciclando el recurso para atenuar el impacto de la escasez.

Hablamos de muchos millones de dólares de inversión, de procesos tecnológicos de punta y esfuerzos descomunales para transportar el agua a cientos de kilómetros. En la zona del Loa se ha llegado al punto en que varias empresas son satelitalmente monitoreadas hora a hora para controlar las extracciones y los caudales. De hecho, cualquier persona puede verificar lo que ocurre con ese cauce a través de la página web de la DGA.

En esta zona, también, acabamos de conocer del acuerdo por el uso del caudal del Silala, un conflicto por agua que involucra a Codelco y al Ferrocarril de Antofagasta a Bolivia y que es de alcance internacional; y se sabe de empresas “cazadoras” de agua que sondean y venden a las mineras. Medios como Portal Minero aseguran que hay una de Isidoro Quiroga, que ha hecho operaciones con Escondida, y otra denominada Nazca. El incentivo es claro, añade la información: “esta industria vende los derechos entre la I y II regiones en nada menos que 100 mil dólares por cada litro por segundo y han llegado hasta 130 mil por cada litro por segundo, con operaciones en torno a los 50 millones de dólares”. Vaya.

No obstante estas innovaciones y negociaciones, la zona norte alberga un número no menor de conflictos por el agua. A las publicitadas escaramuzas que tuvieran hace unos años Doña Inés de Collahuasi, El Tesoro y Cerro Colorado con las autoridades y, en algunos casos, con agricultores y comunidades, se han sumado pugnas nuevas. Una de ellas es la que ha involucrado a SQM, que puja por desarrollar su millonario proyecto Pampa Hermosa (1.033 millones de dólares), el cual tiene sobre alerta a operadores turísticos, comunidades locales y ambientalistas, por los alcances que estas faenas podrían tener sobre los puquíos de Llamara y el ecosistema que alberga cianobacterias que son definidas como únicas en el mundo.

También en el extremo norte, en medios comunales, locales y sitios Internet, es posible ver convocatorias de atacameños a resistir la explotación de los géiseres del Tatio y en el Loa por parte de Geotérmica del Norte y la Empresa Nacional de Geotermia. Si bien la empresa ha firmado convenios con indígenas en Caspana y Toconce, no todo el mundo está de acuerdo. Los miedos localistas tienen que ver con que las ya escasas aguas de los ríos Salado y Loa desaparezcan y que se terminen fusionando y desviando los caudales subterráneos y afectando indirectamente algunas actividades turísticas.

Otro conflicto tiene como eje las acusaciones de extracciones no autorizadas de agua desde el acuífero de la Pampa del Tamarugal. Acá, los actores involucrados han sido Aguas del Altiplano (de la familia Solari), SQM y Cosayach, en donde las dos primeras por separado han iniciado procesos contra la última y en que ha habido fallos judiciales favorables para ésta, que están siendo debatidos en las cortes y analizados en sus alcances por la DGA.

Pero es en Copiapó, o sea en la III Región, donde está el epicentro de las batallas de esta macro zona y, por qué no, del país. Allí la agricultura, la minería y las comunidades han estado en pie de guerra y los que no han tenido ánimo de batalla, pues bien, han vendido sus derechos de agua en suculentas sumas, algo que en el pasado han cuestionado ejecutivos del rubro exportador, como Miguel Allamand de Subsole. Entre otras cosas, porque las vencedoras, las mineras, dan menos empleo que las agrícolas.

Ahora bien, digamos que dejamos lo mejor para el final. Sí, porque las luchas icono son las que protagonizan diversos grupos de interés con Pascua Lama y la que involucra a la sanitaria Aguas Chañar, a Minera Candelaria y a los productores agrícolas, entre otros.

En el primer caso, la situación ha llevado a que los detractores se organizaran como Coordinadora Regional por la Defensa del Agua y el Medioambiente en Copiapó. Bajo ese paraguas, dirigentes vecinales, sindicales, ambientalistas y hasta el obispo de Atacama se movilizan contra la escasez de aguas y lo que temen puede ser una amenaza superlativa. Las movilizaciones se han expresado en los muros bajo consignas como “agua sí, oro no” o “el agua no se vende”.

Ya antes de la aprobación del proyecto, las cuencas de los ríos Huasco y Copiapó acusaban bajas sustantivas en sus caudales, así que ahora los temores se han multiplicado. Si bien el proyecto está a más de 5.000 metros de altitud, en la frontera con Argentina, se teme que impacte en los glaciares que alimentan los ríos y provoque ciertos focos de contaminación.

En el caso de Aguas Chañar, el conflicto que se consigna es literalmente uno innovador, ya que tiene que ver con el uso de las aguas servidas tratadas. Hace unos años, esa vertiente de conflicto no existía, mas ahora sí. Más allá de si hay más derechos concedidos que los razonables sobre la cuenca del Copiapó o si las extracciones son excesivas, la polémica enfrenta a los agricultores y Aguas Chañar, porque esta última y Minera Candelaria pidieron y consiguieron la aprobación de la Corema para un acueducto que conducirá las aguas tratadas a las faenas mineras. Se trata de una operación ajustada a Derecho y que cuenta con aprobación, pero que no les gusta a los agricultores porque esas aguas dejarán de retornar a las napas.

Lo curioso de esta pugna es que por regla general las aguas tratadas son de propiedad de las sanitarias y ellas no están obligadas a retornarlas a los caudales y pueden destinarlas a fines como el señalado. Como veremos, en la zona centro esta polémica no es privativa de Aguas Chañar, la cual a su favor ha argumentado que al entregar el agua a la minera aliviará la presión existente sobre los acuíferos y al ser remunerada la venta de esas aguas tratadas, ello debiera reflejarse en las cuentas de sus clientes por la vía de bajas tarifarias. Además, la empresa ha anunciado acciones a favor de los regantes aguas abajo.

Macro Zona Centro Sur

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En esta área, que va de la IV a la VII regiones, al citado lío de El Mauro habría que añadir la pugna desatada en torno al proyecto Hipógeno o Pan de Azúcar, de Minera Carmen de Andacollo. Si bien la iniciativa, que amplía el volumen de agua que actualmente se usa, cuenta desde hace dos años con una calificación ambiental favorable, ha activado la oposición de agricultores de la zona y de la empresa Aguas del Valle, quienes temen agotamiento y contaminación del acuífero.

No obstante que se reconoce que la minera tiene los derechos y aprobaciones pertinentes y que han buscado soluciones como el arrendamiento de derechos desde el río Elqui, aun así la ciudadanía se ha movilizado con marchas entre Coquimbo y La Serena y las autoridades han dicho que podrían reevaluar el proyecto de ampliación de faenas. El tema está hoy en ese punto.
Un poco más al sur, se han observado algunos tiras y aflojas entre Aguas Andinas y grupos de regantes y otros en la zona de Alto del Maipo.

En el primer caso, el vicepresidente de Aguas Andinas, Joaquín Villarino, es taxativo: “en cuanto al conflicto por las aguas servidas tratadas, digamos como primera cosa que hay fallos de todos los organismos que tienen que pronunciarse (Contraloría, tribunales, superintendencia) sobre esto en cuanto a que éstas pertenecen a las empresas sanitarias. Hoy lo que se hace es devolver esas aguas a los cauces naturales, con todas las ventajas que ello produce en términos ambientales y para los usuarios y productores”.

Pero, ¿qué ha pasado? Bueno, que aguas abajo ciertos grupos de agricultores “que se acostumbraron a regar con aguas servidas” alegan porque han bajado los caudales. Y han bajado porque las aguas hoy están disponibles y tratadas en un punto inferior al que ellos están. La disputa ha llevado a que algunos demanden obras para subirles el agua, cuestión que Villarino estima injusta, ya que eso requeriría de una inversión de varios millones de dólares que no le corresponde financiar a la empresa ni a sus clientes por la vía de las tarifas.

En el caso de Alto del Maipo, en donde hace pocos días la DGA acaba de rechazarle a AES Gener la solicitud para trasladar uno de los nueve derechos de aprovechamiento que son necesarios para su proyecto hidroeléctrico de 530 MW, también han estallado dimes y diretes con Aguas Andinas. Joaquín Villarino dice que su empresa encuentra interesante y positivo ese proyecto energético, no obstante lo cual su rol como ejecutivo de la sanitaria es asegurar que se les garantice más allá de toda duda que nunca se les obligará a desembalsar agua de El Yeso, reserva fundamental en su actual operación. “¿Qué ocurre, por ejemplo, si fenómenos como el cambio climático nos obligan a modificar el sistema de desembalse? Lo que necesitamos es que ellos me garanticen que nunca me van a obligar a desembalsar, porque mis clientes no me lo perdonarán. Yo no quiero tener un juicio, y para eso necesito total claridad”, sentencia.

En la zona central hay muchos otros casos, que abarcan a agricultores, eléctricas y sanitarias. Piense por un rato en la larga lista de situaciones que en el pasado se han verificado en Rapel y Laguna de El Maule, o las disputas entre canalistas, viñateros e industriales (y las que se insinúan en algunas centrales de pasada, como las prevista en el río Achibueno o una región más al sur, en el río Diguillín, por parte de Hidrochile), por la disponibilidad y pureza de las aguas.

Un tema que sin duda da para largo y tiene latentes otros intereses. Por ejemplo: ¿es indiferente para una sanitaria la idea de hacer crecer Santiago con miles de nuevas hectáreas urbanizables, cuestión que está en el interés de un sector que hasta ahora no habíamos mencionado: los constructores? ¿Es indiferente para los productores de vinos orgánicos dónde se evacuan las aguas lluvias de la ciudad? En fin...

Macro zonas Sur y Austral

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Y si bien técnicamente estamos agrupando dos macro zonas, lo cierto es que el sur como un todo tiene una dinámica asimilable. Hidroelectricidad, comunidades originarias, ambientalistas, forestales y turismo ocupan acá roles estelares.

A las sabidas tensiones que en su momento se desataron en el Alto Bio Bio (y que siguen palpitando en torno a otras iniciativas en desarrollo, como una de Colbún), el año pasado, sin ir más lejos, hubo movilizaciones en la zona del salto de El Laja, como oposición ciudadana a la construcción de las centrales Trupán y Laja, de 36 MW cada una. Acá los impugnadores son los vecinos de la zona, que temen el desvío de cauces y alegan caducidad de derechos; y los empresarios turísticos de la zona del salto, que creen que la caída de agua puede verse mermada. De hecho, hace un año ya tuvieron que canalizar el caudal con sacos de arena para asegurar un mínimo de esplendor a la caída de agua.

Otro tema que en el último tiempo ha dado que hablar (aunque hace pocos días fue retirado de Conama para hacerle unos ajustes y reingresarlo antes de seis meses) es el proyecto hidroeléctrico por 1.000 millones de dólares de la noruega SNPower en la zona de Coñaripe. En octubre del año pasado, organizaciones de pueblos originarios emitieron una declaración contraria a la iniciativa, en la cual, entre otras cosas “apelando al Convenio 169 de la OIT, en sus artículos 3, 4 y 15, exigimos a la empresa SN Power la devolución inmediata de los derechos de agua a las comunidades”.

En la X Región, y al menos hasta mediados del año pasado con exposición mediática, destacaba la disputa entre el empresario Víctor Peterman y comunidades de la zona con Endesa (el principal usuario a nivel nacional de recursos hídricos) por su central hidroeléctrica Neltume, de 400 MW. A los temores de los poblados locales se añaden los de los empresarios turísticos, que temen que con las obras se vean afectados los saltos de Huilo-Huilo y el volumen de agua del lago Pirihueico.

Otras disputas que muestran al agua como centro de gravitación tienen que ver con las plantas de celulosa, el proyecto HidroAysén, el uso de aguas por parte de empresarios turísticos en la zona de Torres del Paine y los que se deriven de los cambios en el clima, como los ya citados en la zona del secano de la IX Región.

ADJUNTO http://prensa.politicaspublicas.net/index.php/codigo/

Blog que recopila el artificial debate inducido en Chile por la propuesta de un supuesto "Código de Conducta Responsable para Inversiones", que postula endosar a los privados los deberes del Estado establecidos en el Convenio 169.

EPRESENTANTES DE 200 COMUNIDADES MAPUCHE

REPRESENTANTES DE 200 COMUNIDADES MAPUCHE EXIGEN NUEVO TRATO Y RETORNO DE TIERRAS AL ESTADO CHILENO EN SANTIAGO

Casi era la medianoche del 6 de julio, cuando llegaron al corazón del Santiago cívico y desde el Temuco profundo, IX región de Chile, más de 100 mapuche, loncos, niños, guaguas y mujeres, representantes de 200 comunidades para exigir al gobierno central un Nuevo Trato y la recuperación de sus tierras. Venían fuertemente escoltados por carabineros y eran esperados por los dirigentes de la Confederación de Empleados Particulares, CEPCH, amigos de la causa del pueblo-nación mapuche, miembros de la FUNA y militancia del Movimiento de los Pueblos y los Trabajadores – MPT.

La policía buscó infructuosamente argumentos para no dejarlos bajar del bus de dos pisos, luego de largas horas de viaje. Sin embargo, a media cuadra del Palacio de La Moneda, los mapuche realizaron una rogativa en las afueras de la CEPCH, y luego ofrecieron una conferencia de prensa alrededor de la una de la madrugada del 7 de julio. En medio de la noche de un Santiago dormido, las chuecas vibraron con la energía extraña de lo que viene de antes que las cosas conocidas.

LA PALABRA

Juan Catrillanca –lonco de loncos y chueca en ristre- explicó las razones de su breve estadía en la Capital. “El pueblo mapuche está cansado de esperar respuestas del Estado chileno a tanta promesa incumplida. Queremos vivir en un territorio libre y nuestro. Ya basta de engaños. Estamos aquí para hablar con la presidenta Bachelet, porque las autoridades chilenas en la región no han cumplido. Ni la Intendenta, ni la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI). Nuestras demandas sólo reciben silencio, hostigamiento, represión y muerte. Y yo prefiero morir luchando que de hambre y miseria.”

Ahí estaba también el padre de Alex Lemún, adolescente asesinado hace 7 años en medio de un despliegue represivo en zona mapuche. Se llama Edmundo Lemún y su voz mensajera dijo que “quiero que se haga justicia por la muerte de mi hijo”. Cuando por un momento sus palabras se quebraron, desde los mapuches acomodados lo mejor posible en las dependencias de la CEPCH, brotaron gritos espontáneos, bríos en mapudungun que hicieron recobrar la fortaleza y serenidad de Edmundo.

Otro de los líderes mapuche, Jorge Calfuqueo, fue enfático al señalar que las comunidades exigen “el fin de la explotación forestal que destruye nuestro territorio. Somos defensores de la vida y de la tierra”, y agregó que “el Estado chileno no garantiza los derechos del pueblo mapuche. Su gobierno, en el mejor de los casos, actúa de manera paternalista y asistencialista con nosotros. Venimos también a denunciar la libertad a los presos políticos mapuche y a demandar justicia por Matías Catrileo y Alex Lemún.”

-¿Qué esperan del pueblo chileno, de la gente de a pie de Santiago?

“Sabemos bien que los chilenos comunes y corrientes están sufriendo igual que nosotros. Sólo les pedimos que entiendan que somos una cultura privada de derechos. Sólo esperamos comprensión y solidaridad con nuestra lucha. Queremos un Nuevo Trato y el retorno legítimo de nuestras tierras históricas.”

El 7 de julio, desde la mañana, los representantes de las comunidades mapuche se apostaron en la Plaza de la Constitución, rodeados de fuerzas especiales de carabineros, a esperar ser recibidos por alguna autoridad gubernamental. Únicamente consiguieron que un grupo de dirigentes dejara en la oficina de partes de La Moneda una carta dirigida a Bachelet.

Antes de retornar a Temuco, en la noche de ese mismo día, los líderes comuneros informaron que “Ahora vamos a realizar una evaluación entre todas las comunidades sobre los resultados de nuestro viaje a Santiago. Esperamos que ese proceso nos tome unos 20 días. Nos reservamos el derecho a tomar las medidas que colectivamente concluyamos para el bien de nuestra lucha y el porvenir de nuestros niños y jóvenes.”

Mientras el mismo bus que los trajo cogía rumbo al sur, todavía retumbaban los ecos de las chuecas bravas y chocadas y antiguas como el agua entre los edificios ministeriales que blindan opacamente el palacio sordo de La Moneda.

Andrés Figueroa Cornejo

Comunicaciones

Movimiento de los Pueblos y los Trabajadores - MPT

Julio 9 de 200