A la memoria de Jaime Facundo Mendoza Collío

DECLARACIÓN PÚBLICA DEL MPT-DECLARACIÓN PÚBLICA DEL MPT- DECLARACIÓN PÚBLICA DEL MPT

EL MOVIMIENTO DE LOS PUEBLOS Y LOS TRABAJADORES – MPT RESPONSABILIZA A GOBIERNO DEL ASESINATO DE JAIME MENDOZA COLLÍO

Repudiamos la acción criminal del gobierno, responsable directo del accionar de Carabineros de Chile, que ha practicado el terrorismo de Estado contra las comunidades y organizaciones del pueblo mapuche.

Pese a las hipócritas declaraciones del Gobierno, los responsables directos de este nuevo crimen no son sólo los uniformados, sino también la casta dirigente de la Moneda, que aplica a sangre y fuego el modelo capitalista de despojo contra los pueblos, dejando al país en el papel de pobre proveedor de riquezas naturales a favor de las grandes empresas. Este modelo no solo no ha repartido equitativamente la riqueza y sus beneficios, sino que ha empobrecido a la sociedad en su conjunto y especialmente a los pueblos y a los trabajadores del campo y la ciudad.

Este gobierno y su sanguinario ministro Edmundo Pérez han actuado a pedido de los usurpadores y de los parlamentarios de la ultraderecha. Este nuevo asesinato de un mapuche demuestra el verdadero carácter del régimen gobernante, servicial a los grandes intereses de los poderosos, y a la vez insensible y represivo ante las necesidades y los derechos de las mayorías de los pueblos.

El gobierno concertacionista se ha cerrado a cualquier camino de diálogo que lleve a un mínimo de reparación de la deuda histórica que ha adquirido el Estado, y ha dejado que los poderes fácticos nacionales y transnacionales se adueñen de tierras y recursos naturales que pertenecen a las comunidades.

Las comunidades han sufrido por largo tiempo la impunidad ante el despojo territorial, ante la eliminación de sus miembros, la discriminación en su contra y ante el saqueo de su patrimonio inmaterial, negando sus derechos a la preservación de la cultura ancestral.

La institucionalidad chilena no ha abierto caminos de restitución de los territorios usurpados ni a la ejecución de efectivos programas de reparación a favor de las comunidades mapuche. Ha habido una repartija de migajas con las que se ha buscado anular la capacidad de participación de las comunidades y sus dirigentes.

Ello ha prolongado el conflicto que viven las comunidades. La aplicación de una política estatal genocida ha traído la reapertura de un nivel de conflictividad que incluye la ejecución de crímenes de lesa humanidad no inferiores a los de los tiempos de la conquista española o de la mal llamada “pacificación” que hizo el Ejército chileno. En lo inmediato, las políticas concertacionistas se han vuelto la prolongación de la dictadura que volvió a quitar a las comunidades las tierras que la reforma agraria les había devuelto y que las dividió en propiedad privada para mejor engañar a sus poseedores y concentrarlas en las grandes transnacionales.

La política estatal cada vez se hace más represiva, en todos los sectores sociales. Se aprueban leyes contra las manifestaciones de descontento social, se persigue a las organizaciones populares, se acallan sus medios de comunicación y se impone un ambiente de militarización tanto en territorio mapuche como en el resto del país. Lo hemos visto en Tambillos, en Salamanca, en los ataques y detenciones contra activistas de derechos humanos y medioambientales, en los montajes judiciales, en el envío de fuerzas especiales a hacer la guerra a las comunidades mapuche.

Llamamos a denunciar la política criminal del Estado chileno. Que los que aún creen en la buena voluntad de los gobernantes, se vayan desengañando. Que no crean que puede haber un mal mayor que éste, de ser oprimidos sin derecho a respuesta.

Llamamos a la organización de l@s mapuche, mestiz@s y chilen@s, a la unidad de los pueblos y los trabajadores, a extender la protesta, levantando multitudes que defiendan sus derechos, que coordinen un accionar efectivo y colectivo, que presenten nuevas propuestas frente a un sistema opresor, a la vez genocida y autodestructivo.

Exijamos la libertad de los prisioneros mapuche, y que se impongan actos de justicia contra los actos impunes de asesinos desalmados enfrentando a manifestantes desarmados. Denunciemos los montajes con que las grandes empresas y sus cómplices de los poderes del Estado buscan castigar aun más a nuestros hermanos. Denunciemos los engaños propagandísticos con que la Concertación busca limpiar su imagen.

Exijamos la renuncia al Ministro del Interior Edmundo Pérez Yoma y al subsecretario Patricio Rosende, por ser responsables directos del accionar brutal de Carabineros; al Ministro José Antonio Viera-Gallo, a la Intendenta Nora Barrientos y al Comisionado Rodrigo Egaña, porque sus actuaciones sólo han servido para agudizar el conflicto que afecta al pueblo mapuche y para entrabar por todas partes cualquier solución efectiva y sujeta al Derecho emanado de los tratados internacionales suscritos por el Estado chileno.

Que la comunidad internacional y las organizaciones de los pueblos, suscriban una pública condena y sanción moral contra el régimen chileno y su felonía.

En la lucha por sus derechos, el pueblo mapuche no está solo.

TIERRA Y LIBERTAD PARA LOS MAPUCHE

MOVIMIENTO DE LOS PUEBLOS Y LOS TRABAJADORES – MPT

Agosto 2009

Ante el asesinato del Weichafe JAIME FACUNDO MENDOZA COLLIO el pasado miércoles 12 de agosto a manos de fuerzas especiales de carabineros del Estado de Chile, el Puño de Abya Yala declara a los Pueblos de Chile, Abya Yala y el mundo lo siguiente:

El asesinato del hermano Mapuche, a manos del Estado chileno es la misma sangre que ha sido derramada desde hace 500 años cuando el invasor trajo la oscuridad a Abya Yala, a esta misma tierra que hoy día llega la luz y despierta a sus Guerreres para defender y liberar nuestras vidas, de la destrucción, la muerte, el dolor, el sufrimiento y la dominación, que nos han impuesto, y le han impuesto a nuestra Ñuke Mapu, Pacha Mama, Kainga, desde que llego Colón.

El cuerpo de nuestro hermano hoy yace sin vida, pero su espíritu y su sangre se mezclan y forman parte de la Madre Tierra, y su ejemplo lo mantiene mas vivo que nunca y nos llena de newen para seguir sintiendo y viviendo el proceso de Liberación Reciproca entre los Pueblos y la Madre Tierra.

La recuperación de tierras ancestrales, es la única forma en que el Pueblo Mapuche pueda vivir plenamente su identidad , su cultura y cosmovisión, para la Gente de la Tierra el suelo, los arboles, las aguas, los animales y todo lo que constituye la Madre Tierras, no son mercancías transables, son parte del equilibrio del cosmos.

La valentía de Jaime Facundo Mendoza Collio, es la misma de Leftraru, Alex Lemun, De Matías Katrileo, y de los miles y miles que vienen luchando hace 500 años, contra estados asesinos y represores, pero la llama de ninguno de ellos se apaga, sino que nos ilumina y nos da la fuerza, la certeza y la sabiduría, de que hoy no se puede estar sentado frente al televisor viendo como pasan los sucesos, sino debemos constituirnos como sujetos transformadores de esta realidad, despertar, agudizar los sentidos, sentir el llamado de la Madree Tierra, y construir nuevas formas de vida, para vivir desde hoy el todavía no que soñamos.

VIVA EL DESPERTAR DE LOS PUEBLOS DIGNOS Y VALIENTES DE ABYA YALA


¡¡¡CRECEN, AVANZAN LOS PUEBLOS QUE NO TRANZAN!!!
¡MARICHIWEU!


Puño de Abya Yala
Todas las Luchas, Todas las Vidas, Todos los Pueblos.

-Territorio de Kokimpu, invierno 2009

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Digna Choapa Resiste contra Minera Los Pelambres

Marrichiwew

ESCUADRON MILITAR DE COMANDOS CON ARMAMENTOS DE GUERRA ASALTARON HOY NUESTRA COMUNIDAD

10 de agosto de 2009

El día de hoy lunes 10 de agosto de 2009 alrededor de las 13:45 horas un escuadrón del grupo de operaciones especiales, compuesto por 7 efectivos fuertemente armados (ya no solo con elementos disuasivos como lanza granadas, gases lacrimógenas y escopetas) con sub ametralladoras y pistolas automáticas ingresaron disparando a nuestras familias y sus hogares.

La incursión con características militares (comando), se realizo estableciendo anillos concéntricos de seguridad alrededor de nuestra comunidad, instaurando un punto de control, con tiradores apostados en la entrada de nuestras tierras, que resguardaban el ingreso de dicho escuadrón. Los cuales sin mediar provocación abrieron fuego, de esta forma los efectivos recorrieron los caminos interiores, registrando los hogares y apuntando a nuestras familias.

Durante aproximadamente 2 horas el COMANDO MILITAR (ignoramos si pertenecen a carabineros) ocupo nuestra comunidad con la fuerza de sus armas, llego a tal punto su acción, que por el estruendo provocado por las ráfagas de sus fusiles, se alerto a las comunidades aledañas a la nuestra, saliendo de sus hogares para ver que estaba pasando, durante horas se escucho intenso fuego, disparado por los efectivos solo para causar e infundir terror y pánico.

Reiteramos el carácter militar de la operación, debido a que se trato de efectivos que tanto en su indumentaria como en su armamento, distaban mucho de lo que normalmente usan los efectivos de Fuerzas Especiales que viven en las tierras de Urban y que pertenecen a la policía militar.

Hacemos por lo tanto un abierto llamado a denunciar y condenar la guerra que el Estado chileno a organizado contra nuestras comunidades, y particularmente contra Temucuicui, esta vez con principal énfasis convocamos a todas las organizaciones y actores que trabajan por los derechos humanos a comunicarse y actuar, pues nadie puede tolerar este tipo de atropellos que se amparan en autoridades políticas que han negado el diálogo y nos han enviado fusiles y metrallas como respuestas.

Por nuestros justos derechos, seguimos de pie con el grito de libertad de nuestros antepasados: Marrichiwew.

Comunidad Mapuche Ignacio Queipul Millanao
LOF TEMUCUICUI.

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PU LOF XAWVN
ALIANZA TERRITORIAL MAPUCHE

MPT EXIGE LIBERTAD DE PRESOS POLÍTICOS MAPUCHE Y SE HERMANA CON SU CAUSA JUSTICIERA

La detención y encarcelamiento de Héctor Llaitul, líder de la Coordinadora Arauco Malleco, parece un nuevo montaje preparado por la policía y los tribunales. Llaitul ya estuvo anteriormente un año y cuatro meses en la cárcel, después de los cuales tuvieron que liberarlo, pero después de una injusta privación de libertad. Estos son métodos de tortura y represión, contra miembros del pueblo mapuche.

Los juicios llevados a cabo por los Tribunales de Justicia chilenos no buscan hacer justicia, sino son meros instrumentos de represión y amendrentamiento contra el pueblo mapuche. La prisión tiene como único objetivo aplastar la moral de los líderes mapuche. Se utilizan “testigos protegidos”, cuya mantención corre por cuenta de todos los ciudadanos que pagan impuestos al Estado chileno. Esos testigos que declaran en contra de los acusados se han convertido en un nuevo tipo de funcionarios estatales. Los juicios intentan darle una cara legal o “democrática”, al terrorismo de Estado, que es ilegal e inmoral. Junto al aprisionamiento de dirigentes mapuche, hay una política de terror racista contra las comunidades, realizada indiscriminadamente contra la población mapuche y donde los mayores afectados son los niños y adultos mayores. Esta represión continúa pese a las denuncias de organizaciones de salud comunitaria y de derechos humanos. Las regiones VII, IX y X están invadidas por militares que impiden el ejercicio del Estado de Derecho, aplastando derechos como el de libre circulación, reunión y asociación. Esto se hace bajo la complicidad de las autoridades civiles concertacionistas (intendentes, gobernadores, CONADI, Orígenes), que así se dedican libremente al cohecho electoral y a los malos manejos de los fondos estatales.

Todos estos métodos hacen recordar los peores momentos de la dictadura y el juego sucio de sus aparatos represivos, que junto con otras tantas cosas, la Concertación es su fiel heredera. Es necesario denunciar los montajes y la farsa del gobierno y exigir la libertad inmediata de todos los presos políticos mapuche.

EL DIÁLOGO PARECE INFRUCTUOSO

El 6 de julio, más de 100 mapuche representantes de 200 comunidades, con loncos, niños, guaguas y mujeres, llegaron a Santiago a dialogar con la Presidenta Bachelet y a exigir al gobierno central un Nuevo Trato y la recuperación de sus tierras. Estos procedimientos pacíficos, comunes desde 1990, también han sido infructuosos, ante la negativa del régimen capitalista de ceder un terreno usurpado al pueblo que legítimamente lo poseyó por siglos.

Las organizaciones que han creído hasta ahora que podía haber “nuevo trato” o política de “Re-conocer”, han sufrido asimismo la desconocida de parte del gobierno, que creó la figura de un “Comisionado” que recuerda las peores figuras de la conquista española. Dotado de plenos poderes, ha logrado deshacer la convivencia aparentemente pacífica y constructiva que habían desarrollado las organizaciones leales a la institucionalidad. Lo que el gobierno ha reconocido, ha sido la gran fuerza de las comunidades mapuche e indígenas en general, y por eso hoy buscan anularlas burlando todos los acuerdos logrados en los dos primeros años del gobierno Bachelet.

Dirigentes de las organizaciones legalistas, como consejeros ante la CONADI, han llamado a aquellas a ponerse alerta y denunciar mecanismos que buscan desconocer los escasos acuerdos con el gobierno que beneficiaban al mundo indígena; han denunciado la consulta fraudulenta que el gobierno hizo a comunidades y asociaciones, con el intento de aprobar un falso reconocimiento constitucional que asegure la homogeneidad cultural y desconozca los derechos de los pueblos indígenas. Asimismo, han denunciado la represión en aumento contra comunidades y hermanos/as indígenas.

LA REPRESIÓN CRIMINAL CONTRA EL PUEBLO MAPUCHE

Por todas partes, podemos ver con preocupación cómo se reprime al pueblo mapuche y se burlan los débiles acuerdos pactados entre el gobierno y las organizaciones. No vemos ningún intento de solucionar la conflictividad, sino es aumentando la represión y el terrorismo estatal.

Todo esto tiene como fin impedir que en Chile los pueblos indígenas recuperen sus derechos ancestrales, que están siendo reconocidos por las normas internacionales, como el Convenio 169 que debiera ser aplicado en este país. Lo que se busca es impedir su puesta en funcionamiento. Lo que se busca es destruir a la organización de los pueblos originarios, comenzando por los mapuche, para imponer con más fuerza el dominio del gran capital para saquear las riquezas básicas de las comunidades y del país, como intentaron en la Amazonia peruana, como intentan día a día en contra de los pueblos andinos, en contra de los huascoaltinos, los aymaras, los quechuas, collas y diaguitas. Lo que se busca es la extinción física y cultural de las comunidades, tal como el Estado y los terratenientes hicieron anteriormente con yámanas, selknam y kawashkar. Lo que buscan es la criminalización de sus asociaciones, tal como lo hizo Pinochet.

LA LUCHA MAPUCHE ES LA LUCHA DE TODOS LOS PUEBLOS Y TRABAJADORES

El MPT llama a la población chilena, a reconocerse mestizos descendientes de las naciones originarias, y a reconocer un destino histórico común con estos pueblos que hoy luchan con dignidad por sus derechos. Llamamos a los pueblos a no ceder ante el terrorismo estatal, a estar alertas ante las medidas que establecen una nueva guerra de conquista genocida y ecocida. Llamamos a los trabajadores, a solidarizar con quienes nos han dado ejemplo de dignidad y consecuencia desde los días de Kallfü-likan y Lef-traru.

Expresamos nuestra solidaridad con el pueblo mapuche, que está siendo agredido en todas las formas por las grandes empresas, el gobierno, las fuerzas represivas y los usurpadores de todo tipo.

Llamamos a las autoridades a reconocer que no van a lograr destruir al pueblo mapuche, porque la historia demuestra que éste siempre vive y se engrandece. Reconozcan que el pueblo chileno está junto a los pueblos originarios y respalda fraternalmente a los mapuche, ejemplo de dignidad y altivez. Los usurpadores y traidores no son nada ante la historia, siempre triunfa moral y espiritualmente el pueblo que sabe ser digno.

Llamamos a concertar amplios acuerdos movilizadores entre las organizaciones de los pueblos y los trabajadores, porque los usurpadores y los explotadores son los mismos, y por eso la lucha es una sola. Llamamos a la solidaridad, la unidad, a la organización y la lucha.

Fuera todas las fuerzas represivas de las comunidades, fin a la militarización del territorio mapuche.

Fuera todos los ladrones y usurpadores del territorio mapuche, especialmente las forestales y los latifundistas.

Por un mar libre de contaminación, por el derecho a la pesca artesanal y a la vida, no a la Celco , vivan los pobladores dignos de Mehuín.

Por un territorio sin contaminación, no al racismo ambiental, fuera los basurales de las comunidades mapuche, devolución de tierras,

Que se reconozcan las demandas de los indígenas urbanos, que se establezca una verdadera interculturalidad, que los pueblos indígenas, su existencia y sus derechos, sean reconocidos efectivamente en una nueva constitución.

Triunfarán las comunidades de todo el Wallmapuche.

Movimiento de los Pueblos y los Trabajadores – MPT

Agosto de 2009

Conflicto en la Araucanía ¿policial o político?

En estos días la prensa informa de hechos de violencia ocurridos en el sur del país. Bajo el rotulo de recrudecimiento del “conflicto mapuche”, término equivoco que supone que el conflicto es de los mapuche y no uno que nos involucra como país, los medios de comunicación ponen su atención en situaciones de violencia supuestamente imputables a comunidades o a integrantes de este pueblo.

Así, se ha informado de la ocupación de predios particulares, en algunos casos ocupados en reiteradas oportunidades por las comunidades aledañas (caso de fundos La Romana y Montenegro en Ercilla), de la existencia de dos uniformados con lesiones que han sido atribuidas a impactos de perdigones efectuados por mapuche, y del ataque a un bus y a camiones que transitaban por la carretera Panamericana al altura del bypass de Temuco.

Nada se ha informado, sin embargo, de la utilización desmedida, por parte de carabineros, de elementos disuasivos, tales como bombas lacrimógenas, balas antimotines e incluso balines de plomo, en algunos casos disparados desde helicópteros en movimiento, para reprimir a los integrantes de las comunidades en conflicto. Acciones que, en el caso de Malleco, han resultado en cinco personas mapuche heridas a bala, una de las cuales podría perder uno des sus ojos. Tampoco se analiza el trasfondo de estos hechos, que es el de la responsabilidad pasada y presente que tiene el estado frente a ellos, o de las alternativas políticas –más allá de lo meramente policial- para la superación de este conflicto histórico.

Parece conveniente, en primer término, distinguir entre las diversas situaciones ocurridas en estos días, las que a la distancia -desde Santiago- se ven como un mismo fenómeno. Desde luego la agresión a un bus y a camiones en el bypass de Temuco, no tiene nada que ver con el proceso reivindicativo que desarrollan las comunidades de Malleco. Aunque en el sector aledaño a aquel en que ocurrió el primer hecho, la represión policial cobró el 2008 una víctima fatal (Matías Catrileo) y ha resultado en numerosos casos de tratos crueles y degradantes en contra de integrantes de comunidades. Nada justifica la agresión a los vehículos que transitan por la vía pública, ni menos de la población civil de la manera, como de acuerdo a todos los antecedentes disponibles, en este caso ocurriera. Hechos de violencia como ellos –supuestamente autoadjudicados por la Coordinadora Arauco Malleco- son lamentables, y deben ser condenados enérgicamente. También deben ser investigados y sancionados sus responsables, quienes quiera que éstos sean.

Otra situación muy diferente es la que dice relación con el proceso reivindicativo de las comunidades mapuche de Ercilla, entre ellas, las comunidades de Temucuicui y Huañaco Millao, y de comunidades de Collipulli, como la de Rankilco, frente al desposeimiento de sus tierras del que han sido objeto por parte del estado y/o por los particulares que hoy las detentan.

La legitimidad de las demandas de estas comunidades ha sido reconocida por el propio estado. Ello al ponerse en marcha por el gobierno, al menos en el caso de Temucuicui, los procesos legales tendientes a la adquisición de las tierras en conflicto. Dicha legitimidad de las mismas, está también reconocida por el gobierno al aprobar con su voto el 2007 la Declaración de la ONU sobre derechos de los pueblos indígenas, la que reconoce su derecho a “la restitución o, cuando ello no sea posible, una indemnización justa, imparcial y equitativa, por las tierras, los territorios y los recursos que tradicionalmente hayan poseído u ocupado o utilizado de otra forma y que hayan sido confiscados, tomados, ocupados, utilizados o dañados sin su consentimiento libre, previo e informado.” (Artículo 28.1)

La acción de las comunidades de Malleco difícilmente puede entenderse si no se tiene en consideración la dilación del estado en atender a sus demandas de tierra, las que fueron identificadas en un estudio encargado por la Comisión Especial de Pueblos Indígenas, antecesor de la CONADI, ya en 1993. En dicho estudio se constata no solo la propiedad ancestral que las comunidades tenían sobre los predios reclamados, sino también el proceso de desposeimiento, a través de mecanismos fraudulentos, de sus tierras a manos de quienes hoy los detentan o por sus antecesores en la propiedad.

Tampoco puede entenderse si no se tiene en consideración las múltiples gestiones hasta ahora realizadas por ellas ante las instancias estatales, todas ellas por la vía del diálogo, para lograr una solución a sus demandas, sin que ello haya sido posible. Tales gestiones incluyeron el reciente viaje de un centenar de representantes mapuche a Santiago con el fin de entrevistarse con la Presidenta o sus representantes en La Moneda. La entrevista no solo no se verificó, sino que además en la ocasión la delegación mapuche fue objeto de abierta discriminación por parte de efectivos policiales, los que no dejaron a la comitiva acercarse al palacio presidencial. Aunque se pueda discrepar de la determinación de las comunidades de Malleco de hacer ocupación de los predios que reclaman, no cabe duda que los factores antes señalados, claramente imputables a la negligencia del estado, han detonado tal decisión.

En cuanto a los hechos de violencia acaecidos en el contexto de dichas ocupaciones -muchos de los cuales han ocurrido al interior de las comunidades involucradas- todo indica que ésta ha sido ejercida fundamentalmente por carabineros. En efecto, aunque existe información de situaciones de violencia imputables a los comuneros mapuche, tanto los relatos de las comunidades, como la información disponible de los heridos en los enfrentamientos, dan cuenta de un uso desproporcionado de la fuerza por parte de carabineros, sin que éstos hayan respetado y protegido la dignidad y los derechos humanos como lo ordenan las directrices internacionales de la ONU sobre el empleo de la fuerza por parte de los funcionarios policiales.

La violencia policial en contra de comunidades mapuche no es un fenómeno nuevo, sino uno que se prolonga ya por muchos años. Es así como en los últimos años se ha documentado un promedio de 20 casos graves de violencia policial anuales que afectaron a comunidades mapuche. En lo que va corrido del año 2009, ya han sido denunciadas 15 de estas situaciones de violencia innecesaria en contra de personas o bienes de los mapuche, la mayor parte de ellas imputables a carabineros. No es casualidad entonces que este haya sido uno de los temas de mayor preocupación de la comunidad internacional en la reciente revisión de la que Chile fue objeto por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra en mayo pasado. En la oportunidad el Consejo recomendó a Chile fortalecer el control frente a las situaciones de abusos policiales, y asegurar su investigación y sanción, de modo de poner término a estas prácticas violatorias de derechos humanos, recomendación que fue aceptada por el gobierno.

El término de las situaciones de violencia policial que han afectado a los mapuche requiere de reformas jurídicas, entre ellas, la reforma de la justicia militar para eliminar su competencia para analizar los delitos que cometan los funcionarios policiales sobre la población civil, y con ello la impunidad en que éstos quedan. Ella pasa también por una actitud mucho más decidida de la autoridad para adoptar todas las medidas que estén a su alcance para impedirlas. No basta con que el Subsecretario Rosende condene y rechace “los hechos de violencia, vengan de donde vengan". Para que sus afirmaciones sean creíbles, el gobierno debe asumir una actitud tan drástica como la que asume frente a hechos de violencia imputables a los mapuche, para fiscalizar administrativamente hechos de violencia policial como los ocurridos en estos días en la Araucanía, y para perseguirlos ante la justicia. De otro modo, ella no será erradicada.

El fondo del conflicto entre el pueblo mapuche y el estado, entre ellos el de las tierras, no será resuelto, sin embargo, sin un abordaje político del mismo. Tal como lo ha señalado el ex ministro Francisco Huenchumilla, "uno tiene que mirar esos actos de violencia como un síntoma de un problema mucho más profundo que requiere un tratamiento político".

Se requiere por tanto que el gobierno priorice la estrategia política por sobre la estrategia policial. Más que mandar enviar al Subsecretario del Interior a la Araucanía, debería enviar al sur al Comisionado Presidencial para Asuntos Indígenas. Más que anunciar el refuerzo del contingente policial en comunidades, y acciones legales en contra de los mapuche -sin descartar la ley anti terrorista- debería anunciar la apertura de espacios para un diálogo sobre los temas que generan los conflictos. De otro modo, las declaraciones de “re-conocimiento” del otro que han sido características del discurso gubernamental, carecen de sentido, y de credibilidad.

El Convenio 169 de la OIT, que en septiembre entra en vigencia plena, establece lineamientos relevantes que podrían orientar un diálogo entre el mundo mapuche y el estado para buscar soluciones a los problemas de fondo detrás de los conflictos; el derecho de los pueblos indígenas a sus tierras, territorios y recursos naturales; el derecho a definir sus propias prioridades en materia de desarrollo; el derecho a ser consultado, de buena fe y con miras a llegar a acuerdo, cuando se adopten medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles.

Indudablemente un diálogo de esta naturaleza requiere de la disposición y buena fe de ambas partes, incluido el mundo mapuche. La oportunidad está planteada. Es de esperar que sea aprovechada por los actores involucrados. Si no lo hacen, hechos como los de los últimos días se seguirán repitiendo en el futuro cercano.

José Aylwin

Co-Director del Observatorio Ciudadano